En el caso del Fundo Larrea existen imnumerables pruebas que demostrarían que la buena fe estuvo ausente en el proceso de venta y en este caso una vez más la actuación del Ministerio Público es cuestionada por su falta de reacción.

En un anterior post, dimos cuenta que el Fundo Larrea fue comprado por Constante Morillas Torres, quién pagó a la Inmobiliaria San Isidro SAC, 100 mil dólares a través de un cheque de gerencia y prometió cancelar otros US$ 900 mil dólares en el plazo de un año.

Sin embargo, los movimientos bancarios del supuesto comprador generan sospechas sobre la transparencia de esta transacción, debido a que Constante Morillas recibió dos depósitos de US$ 100 mil dólares provenientes de la cuenta de la empresa AGERSA SRL. La mencionada compañia dedicada al almacenamiento y transporte de productos industriales es la empresa bandera del matrimonio conformado por Carlos Pinillos Hoyle y Bertha Vinces de Pinillos, mientras que la Inmobiliaria San Isidro SAC está vinculada directamente a Carlos Pinillos Vinces, hijo de los fundadores de AGERSA SRL, este personaje ha sido acusado ante el Ministerio Público de La Libertad de liderar una mafia de traficantes de tierra.

Carlos Pinillos Vinces ha sido acusado ante el Ministerio Público de liderar una organización dedicada al tráfico de tierras.

 

La polémica  “venta” del terreno del Fundo Larrea fue denunciada ante la Segunda Fiscalía Coorporativa de Trujillo por el delito de Lavado de Activos. Esto en referencia a una presunta venta ficticia del predio.

Dentro de las acciones del fiscal Alejandro Urtecho -que al parecer fue el único que tuvo la intención de investigar el caso seriamente- se interrogó a Constante Morillas Torres sobre el origen de su dinero y la forma en como logró adquirir el terreno. En sus declaraciones el supuesto empresario cometió un grave error y reconoció si conocía la situación legal del predio. Para entender mejor lo ocurrido durante la declaración del imputado hemos copiado textualmente la pregunta y la respuesta.

Pregunta 23: (Fiscal – Investigado)

Preguntado para que precise, si usted hizo alguna averiguación sobre la existencia de la anotación de procesamiento penal que constaba en la información registral del inmueble. Dijo: Lo leí y lo consulté con unos abogados amigos, y que me dijeron que efectivamente que había una cosa penal pero que se había superado.

Tal como se aprecia, Constante Morillas sabía que el predio tenía problemas judiciales y pese a eso lo compró. Sus propias palabras ponen en duda su buena fe.

Foto extraída de reportaje de UCV Satelital

Ojo pulpin, Para ser un comprador de buena fe, es importante demostrar una actitud transparente y la realización de acciones contractuales que no encierren alguna concertación de actos favorables para el vendedor. Para efectos legales, un comprador solo es considerado de buena fe cuando adquiere un bien sin conocer los problemas legales de este este; cuando ocurre lo contrario, la buena fe se pierde.

En esta declaración ante el fiscal, Constante Morillas reconoce que sabia que el predio tenía problemas legales.

Lo contestado por el investigado fue una metida de pata monumental y es por eso que al final del interrogatorio, su abogada intervino negó que Constante Morillas haya visto algo relacionado con la anotación de un proceso penal y sostuvo que su patrocinado se había confundido. Sin embargo el fiscal reiteró que la pregunta fue bastante clara.

Otras de las respuestas de Constante Morillas fue que él sabia “que el predio había pasado de dueño en dueño, que había tenido problemas, había gravámenes que se habían levantado, hasta que al final estaba libre en Registros Públicos, sin carga”. (Pregunta 21)

Para que Constante Morillas pueda hacerse del inmueble en disputa con Maria Flavia Gormas Agreda y Jorge Viteri Falcón (posesionaria del predio), la Inmobiliaria San Isidro SAC levantó convenientemente días antes los gravámenes y cargas del Fundo Larrea a través de una cuestionada medida cautelar para levantamiento de incautación en el expediente N° 438-2014, procesada en Ferreñafe y para lo cual la empresa inmobiliaria falseó la dirección de su domicilio procesal en esta localidad -calle Francisco Gonzales Burga N° 384, distrito de Pueblo Nuevo-.

Esto fue constatado por el Juez de Paz de Ferreñafe, José Flores Castro y luego ratificado por el fiscal David Caballero Velezmoro de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Coorporativa de Ferreñafe.

Conclusiones del representante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe sobre el uso de un domicilio procesal falso por parte de la Inmobliairia San Isidro SAC en el distrito de Pueblo Nuevo.

El fiscal de Ferreñafe ha dispuesto que los actuados de su indagación y que demostrarían la irregularidad en cuanto al domicilio procesal de la Inmobiliaria San Isidro SAC sean enviados a la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, que investiga la presunta venta simulada del predio.

Solo como último dato el juez de Ferreñafe Nicanor Zuñiga Bocanegra, que aceptó la medida cautelar de la mencionada Inmobiliaria, que según algunas denuncias ante el Ministerio Público sería la fachada de una mafia de tráfico de tierras, fue destituido de su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura a solicitud de la OCMA, el exmagistrado se prestaba a todo tipo de triquiñuelas.

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