La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad dispuso iniciar las primeras diligencias preliminares de investigación por el término de 30 días contra Elidio Espinoza Quispe, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo y Carlos Guillermo Delgado Sánchez, gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) por el delito contra la Administración Pública en agravio del Estado – MPT.

El fiscal del Ministerio Público, Jairo Roldan Alvarez, dispuso también recepcionar las declaraciones de Carlos Fernández Verde y Hernán Aquino, regidores de la MPT; así como Carlos Delgado Sánchez, gerente del SEGAT, quienes deberán concurrir a la Fiscalía bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inconcurrencia, sin perjuicio de iniciar persecución penal publica por el delito de negativa a colaborar con la administración de justicia previsto en el artículo 371° del Código Penal. En el caso del alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza deberá concurrir acompañado de su abogado defensor de libre elección.

De la denuncia formulada por Carlos Fernández Verde y Hernán Aquino Dionicio, regidores de la MPT; se tiene que, los hechos de presunto contenido penal cometidos por los funcionarios públicos Elidio Espinoza Quispe, en su calidad de alcalde, y Carlos Delgado Sánchez, en su calidad de gerente general del SEGAT consisten en que se ha convocado el “Concurso Publico Nro. 01-2017-SEGAT” para la “Contratación del servicio e instalación de contenedores, lavado de contenedores y respectiva área publica, recolección y transporte de residuos sólidos urbanos generados en el Distrito de Trujillo por el monto de S/ 37’447,704.00 soles”.

El regidor de la Municipalidad de Trujillo, Carlos Fernández; parece estar convencido que la gestión del alcalde Elidio Espinoza, no es transparente.

En ese contexto; por un lado, el investigado Elidio Espinoza Quispe, habría postergado en forma indefinida la presentación de la propuesta de Tercerización planteada por el SEGAT en una sesión de Concejo; y de otro lado, la intención de dirigir con nombre propio este concurso público a determinadas empresas, habiendo omitido realizarse diversos estudios previos como el estudio de oferta y demanda del servicio que se pretende contratar, y sin tener la certificación presupuestal, entre otras.

Se advierte que los hechos, conforme han sido denunciados, configurarían delito contra la Administración Pública, sin embargo es necesario realizar diligencias mínimas de investigación a fin de determinar la existencia de tales hechos, así como la correcta individualización de las personas a las que se les podría imputar el presunto hecho delictivo.

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