Han pasado más de cuatro años desde que se encontraron 96 kilos de cocaína en el almacén de la empresa Logística Integral Maritima Andina (Limasa), uno de cuyos accionistas en Kenji Fujimori Higuchi, y todo apunta a que el caso quedará impune. La Corte Suprema deberá decidir si confirma el archivo o si se continúan con las investigaciones. Actualmente, la única acusada, Yessica Sandoval Saavedra, está en libertad. A pesar de que en aquella oportunidad se incautó casi 100 kilos de droga y se apuntaba a una organización internacional, las investigaciones terminaron en un callejón sin salida.

La cocaína fue encontrada el 11 de marzo del 2013 dentro de 6 rotores para hornos a la brasa que iban a ser exportados por la empresa de Yéssica Sandoval, Global Strategy & Service. Los rotores habían sido almacenados en uno de los hangares de Limasa en el Callao.

La empresa de Sandoval, Global Strategy & Service, esta en los alrededores del cerro El Pino. “Ella fue utilizada”, nos dice Edgardo Sánchez, esposo de Sandoval, de 38 años, quien evitó dar declaraciones para este informe.

Esta historia comienza en octubre del 2012, cuando un hombre llamado José Carlos Fernández Vicente, con acento mexicano, visitó la tienda de Yéssica Sandoval interesado en comprar hornos para hacer pollos a la brasa. En aquella primera visita Fernández le contó a la empresaria que planeaba abrir pollerías en México e Italia, pero se fue sin concretar la compra.

Días después Fernández volvió y le propuso a Yéssica Sandoval un trato: comprarle un horno a cambio de que ella le girara también facturas falsas por dos extractores y otros accesorios. El acuerdo incluía que Global Strategy & Service exportara el horno y el resto de los artefactos a la ciudad de Módena, Italia. Yéssica Sandoval aceptó y Fernández se encargó de entregar las piezas ya embaladas a Sandoval. La exportación se realizó el 29 de noviembre de aquel año. El envío lo recibió la empresa Cerámica Liguori.

El 6 de febrero de 2013 se repitió la operación. La empresa de Yéssica Sandoval le vendió un horno y avaló con facturas falsas el envió de dos extractores y otros accesorios. En este caso el horno rosticero y las piezas tuvieron como destino Nápoles, Italia.

Semanas después hubo un cambio. Otro mexicano, aparentemente más joven, se acercó a la tienda de Sandoval. Este se presentó como Manuel Fernández Durán, dijo ser sobrino del anterior cliente y que, a partir de la fecha, reemplazaba a su tío.

Los negocios continuaron. En febrero del 2013, con la misma modalidad, Sandoval envió a Guatemala vía marítima un pedido a la localidad Finca el Naranjo. La destinataria era la empresa NBG TOO pero esta nunca recibió el envío. La mercancía fue interceptada 6 días después, el 25 de febrero, en el puerto panameño de Balboa. La embajada de Estados Unidos alertó a la Dirandro de que, oculta en la mercadería, se había encontrado 28 kilos de cocaína. La droga estaba acondicionada en las bobinas cilíndricas de cobre de un rotor.

Tras seguirle la pista en Lima, la Dirandro averiguó que la mercancía había sido almacenada en los hangares de la compañía ALSA. Con ese antecedente, los agentes antidrogas no tardaron en dar con dar con la empresa de Yéssica Sandoval, en el cerro El Pino. Bautizaron el operativo como “Horno” y, para tratar de desmantelar la organización, decidieron esperar un próximo envío.

La espera dio frutos. El 5 de marzo de ese 2013 la compañía de Yéssica Sandoval almacenó en “Limasa” 3 hornos de acero, 6 extractores, media docena de rotores y algunos otros accesorios más. Seis días después del ingreso de la mercadería, con taladro en mano, los agentes antidrogas abrieron los seis rotores, encontrando 96 Kg. y 840 gramos de cocaína. La droga había sido acomodada en 84 paquetes rectangulares tipo ladrillo, forrados con cinta adhesiva. En la escena estaba Yéssica Sandoval Saavedra, quién había acudido al lugar porque pensaba que se trataba de un chequeo de rutina.

Posteriormente, Sandoval confesó que las piezas en las que se encontró la droga le habían sido entregadas por los mexicanos. “Todos los extractores y los rotores los recibía en mi empresa con la finalidad de que sean enviados juntamente con mis hornos de pollo al extranjero”, declaró Sandoval. Y añadió: “Me pagaban por los hornos de pollo que me compraban más no por los extractores porque ellos los compraban en otro lugar. (…) y no los revisaba porque venían sellados”.

Tras el hallazgo, los mexicanos con quienes Yéssica Sandoval tenía contacto se hicieron humo. Y resultó que los nombres de José Fernández Vicente y Manuel Fernández Duran no aparecían en los controles migratorios. La policía elaboró un identikit de ambos pero nunca pudo darles caza. Tambien desaparecio del mapa el agente aduanero con el que trabajaron todos los envios: Rodrigo Flores Cuba, de la agencia Vivar Logistic.

Identikit de narcotraficantes mexicanos.

En “Limasa”, el almacén donde Kenji Fujimori tiene el 25% de las acciones, las cámaras de vigilancia estaban estropeadas. Así lo confirmó en los interrogatorios posteriores Luis Siles Palomino, el gerente de operaciones de la empresa. “Las cámaras estaban malogradas. El jefe de sistemas, el señor Enrique Véliz, reportó los daños de las cámaras para reparar y hacer las respectivas cotizaciones”, declaro Siles en julio del 2014 en el proceso judicial. Siles fue uno de los interrogados de la empresa. El otro fue Marco Ynaba Reyna, socio de Kenji Fujimori en varios negocios y quien dijo desconocer “por qué no existen grabaciones de la mercadería contaminada con droga del día cinco de marzo del 2013”. Ellos fueron los dos únicos representantes de Limasa interrogados durante la investigación.

La fiscal antidrogas del Callao, Edith Hernández, no creyó en la ingenuidad de la mujer y la acusó por tráfico ilícito de drogas. Yéssica Sandoval fue recluida en el penal de Santa Mónica. En diálogo con este semanario, la fiscal dijo que no apuntó a los directivos de “Limasa” porque la mercadería “entró en un contenedor cargado con estructuras de fierro, acondicionado de una manera tan técnica y buena que sólo puede ser detectada con la información de un encubierto o un soplo. Pudo ser cualquier terminal de almacenamiento”, añadió.

La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo cree, sin embargo, que se pudo hacer más para establecer responsabilidad de las empresas de almacenaje. Considera que hubiera sido necesario haber recogido el testimonio de Kenji Fujimori y sus socios de “Limasa” para saber “cuáles son las políticas de seguridad que se emplean para efectos de importar y exportar” e “identificar responsabilidades y ámbitos de competencia de directores, gerentes y socios de la empresa”.

El 11 de marzo del 2014 Medina solicitó al Juzgado del Callao que veía el caso que llamará a declarar a Kenji Fujimori pero el juez desestimó la solicitud de la procuradora. Medina volvió a insistir sin éxito. El 19 de febrero del 2015 el Quinto Juzgado Penal Transitorio del Callao archivó el caso y, en consecuencia, Yéssica Sandoval Saavedra salió en libertad. La Procuraduría Antidrogas apeló el fallo. El caso pasó a la Corte Suprema que hasta ahora no se define. Casos como este explican por qué las organizaciones internacionales se sienten tan cómodas trabajando por estos lares. Hildebrandt en sus trece.

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