Los escándalos de Pura Vida, Odebrecht y El Tren Eléctrico tienen varias cosas en común: salpicaron el Perú, hace varios años se tenían pruebas de las irregularidades en estos casos y tuvieron que ser descubiertos por organismos internacionales para que recién obliguen a las autoridades peruanas a intervenir.

Pura Vida y su leche, que no es leche

El caso Pura Vida, es el más reciente. El pasado 2 de junio, los medios informaron que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, concluyó que este producto no podía ingresar más a su país con el rótulo de “leche”. Esto porque su composición tiene elementos distintos de la bebida natural y ordenó el retiro del producto en el mercado de ese país.

Al hacerse público la orden de la autoridad panameña, el Grupo Gloria, precisó que Pura Vida es una leche modificada y que tiene el 60 por ciento de leche y 40 por ciento de soya y otros elementos, y que por exigencia de la normativa de ese país, se distribuirá como “alimento evaporado”.

Con todo esto, y después que Pura Vida se distribuyó por bastante tiempo en el Perú con el rótulo de leche, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), emitió un comunicado diciendo que este producto no se debe comercializar con el nombre de “leche evaporada”. También se resaltó que su etiqueta induce al error a los consumidores.

Lo que ha venido después es literalmente un terremoto alimenticio, El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) pidió a la empresa Gloria que detenga su producción y comercialización. Increiblemente ahora si, el organismo que debe defender a los consumidores olvido su papel de comparsa y pidió respeto a las normas.

A todo esto, debemos sumar el gran movimiento negativo que existe en las redes sociales en este momento en contra del Grupo Gloria. “Nosotros hicimos todo lo que las autoridades nos permitieron” sostuvo su presidente Jorge Rodríguez Rodríguez, en un arranque de sinceridad brutal.

Papelón lácteo. Caso Pura Vida puso en evidencia los escuálidos filtros de Digesa, Minsa e Indecopi.

 Caso Odebrecht, cutras peruanas

El escándalo de Odebrecht sacude todo el continente. Sus tentáculos involucran a la justicia de Estados Unidos y dejó en evidencia el sistemático pago de sobornos por cifras astronómicas en una docena de países, entre ellos Perú. Pero el epicentro de ese terremoto de magnitudes millonarias es Brasil, pese a que muchas veces los medios peruanos denunciaron favoritismos por parte de las autoridades del país hacia la constructora brasilera. Sin embargo, se tuvo que esperar la investigación de dicho país, para que aquí se pueda actuar.

La caja de pandora de la corrupción trasnacional se abrió en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, de Brasil, en 2014. La pesquisa fue hecha por la fiscalía sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras que se convirtió en la investigación sobre una compleja red de sobornos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras.

La Fiscalía definió el esquema como un sistema de “empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas”.

La investigación original del juez Moro produjo 120 condenas en primera instancia y cientos de acuerdos de delación, pero más importante aún, se convirtió en una enorme bola de nieve que ha arrastrado una buena parte de la clase política brasileña. Odebrecht, presente en 27 países, era la constructora más grande de América Latina (además de tener operaciones en África); construyó líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá y carreteras en Argentina, por lo que extendía sus tentáculos como una suerte de cancillería percudida y paralela.

En el Perú, recién se tomó en cuenta las denuncias de corrupción de este caso cuando nombres de autoridades fueron tocadas en la investigación en Brasil. Gobernadores regionales y expresidentes de Estado están involucrados e incluso, metidos en la cárcel. Lamentablemente los llamados peces chicos están cayendo, pero los peces grandotes no, y sí estamos hablando de Alejandro Toledo, que es sindicado por haber recibido 20 millones de dólares, pero hasta el momento no responde a la justicia peruana.

Ni limpiando mil veces el rótulo de la empresa brasileña, le sacan la mugre.

El tren de García y la investigación italiana

En 1993, un escándalo de corrupción remeció la política peruana. El empresario Sergio Siragusa Mule, representante en nuestro país del consorcio italiano Tralima, declaró al fiscal italiano Vittorio Paraggio que el ex presidente Alan García y el ex primer ministro italiano Bettino Craxi se habían beneficiado con una millonaria coima en la construcción del Tren Eléctrico de Lima, obra que estaba a cargo de ese consorcio. Como es evidente, recién este empresario declaró en su país, es cuando las autoridades en Perú se ponen las pilas.

El testimonio de Siragusa, que se filtró en esa época a los diarios, era impresionante: “García me invitó a reingresar en la sala dejando fuera a mi acompañante. Una vez solos me entregó dos trozos de papel con número e instrucciones de dos bancos. En tono gracioso me dijo que él no podría recibir menos que Bettino (Craxi) y que por lo tanto hiciese lo necesario, estando él dispuesto a recibirlo gradualmente”.

A mediados de octubre de 1989, según contó el empresario italiano a las autoridades judiciales, García lo volvió a citar. “El motivo de la visita obedeció al hecho de que Roma (es decir, el consorcio Tralima) había cumplido solo parcialmente con respecto a su solicitud. Justamente se habían producido dos remesas, faltando una tercera para alcanzar la cifra de siete dígitos. Mi visitante volvió al tema (de) que Bettino por teléfono le tomaba el pelo en cuanto a la diferencia de trato entre el beneficiario italiano y beneficiario peruano [de la coima]. Transmitido de inmediato el mensaje a Roma, recién en enero de 1990 se pudo solucionar el problema pendiente”.

Para cuando estalló el caso Siragusa, Alan García se encontraba asilado en Colombia: El autogolpe del 5 de abril de 1992, había desencadenado su partida del país.

Fuera del país, García fue procesado por enriquecimiento ilícito y se convirtió en reo contumaz. Durante el proceso, se reveló que Siragusa había hecho depósitos en las cuentas cifradas 280762361 y 2952733 del Barcklay’s Bank, en las islas Gran Caimán (conocido paraíso fiscal). La defensa de García entonces se encargó de probar que las cuentas eran del empresario Alfredo Zanatti Tavolara, quien a pesar de ser financista de la campaña de Alan García sirvió como chivo expiatorio. Solo a inicios del 2001 consiguió acogerse a la prescripción

Sergio Siragusa lo contó todo. Sin embargo, aquí no pasó nada.

Perú: país shakiriano (ciego, sordo y mudo)

Como vemos en estos tres casos, el estado peruano esperó la avalancha de pruebas acopiadas por investigaciones internacionales, para que recién se ponga el overol y muestre un poco de indignación frente a la corrupción. En conjunto el Perú ha demostrado un país de ciegos que recién reacciona a obligación, que se indigna por conveniencia y llora para la foto. Marca Perú podría ser.

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