Prorrogar por 30 días el Decreto de Urgencia 003, a fin de seguir debatiendo el proyecto de ley del Ejecutivo, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, fue el acuerdo el que llegaron las comisiones de Justicia y de Economía.

La decisión fue adoptada tras siete horas de debate en la sesión conjunta a la asistieron la ministra de Economía, Claudia Cooper, y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza.

Luego de una serie de cuestionamientos, se acordó esta decisión que será transitoria y con la modificación, en principio, de cuatro aspectos.

CAMBIOS AL PROYECTO. Uno de los cambios será la obligación de las empresas de señalar sus estados financieros y cualquier movimiento que realice ante el Ministerio Público y el Poder Judicial con mandato judicial.

También se eliminará la figura del silencio administrativo positivo, es decir, ya no se aprobará la solicitud de la empresa de realizar transferencia al exterior por concepto de pago de deuda de acreedores que no sea respondida en un plazo de 20 días por el Ministerio de Justicia.

Respecto a la contratación de consultores, se indicará en el proyecto de ley que no tengan conflicto de intereses con las empresas involucradas en el caso de corrupción Odebrecht. Asimismo, se incluirán las anotaciones preventivas en los Registros Públicos que permita informar a quien vaya a comprar propiedades de la brasilera Odebrecht y de sus consorciadas o asociadas, a fin de que se sepa que están afectadas por procesos judiciales.

Con estos aportes se ha elaborado un pre dictamen que deberá presentarse en la próxima sesión conjunta de ambas comisiones, para elaborar un dictamen de ley que será debatido en el Pleno del Congreso de la República.

Durante el debate, la ministra Cooper dijo que el proyecto del Ejecutivo no busca encubrir a ninguna empresa ni generar impunidad, sino por el contrario, se orienta a proteger la cadena de pagos.

De otros lado, informó que existen 30 mil millones de soles en inversión pública comprometidos por 30 empresas. Indicó que esta cifra representa casi todo el presupuesto de inversión en 2018 y si el gobierno no hace algo al respecto, habrá más obras paralizadas porque las empresas no pueden seguir operando.

Agregó que existirían casi 53 mil empleos en riesgo, debido a que las nueve empresas más grandes están implicadas en temas de corrupción y podrían verse obligadas a quebrar

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