Esta semana, el equipo especial del Caso Lava Jato en el Perú sumó un nuevo aliado: la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat.

La jueza investiga desde el 2015 las actividades de blanqueo de dinero que realizaron los directivos del Banco Privado D’Andorra (BPA) y, dentro de esto, el esquema financiero que la constructora Odebrecht había creado en ese país para pagos de sobornos en Latinoamérica.

La investigación es contra Marcelo Odebrecht y 13 directivos de la empresa, que habrían gestionado los sobornos que entregaron.

La doctora Canólic Mingorance llegó a Lima el lunes último como parte de la comitiva del fiscal general de Andorra, Alfons Alberca Sanvincens, que participó en la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, que organizó el Ministerio Público peruano.

En Lima, se intercambió información y experiencia con el Equipo Especial que comanda el fiscal peruano Hamilton Castro. La jueza entregó información bancaria a la investigación peruana. Los documentos son de los depósitos realizados por Odebrecht al exviceministro aprista, Jorge Cuba Hidalgo y su sobrino Víctor Muños Cuba.

También información sobre las cuentas del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera; del presidente de la consultora Alpha Consult, Rómulo Jorge Peñaranda, y de Gabriel Prado Ramos, ex director de Seguridad Ciudadana de Lima y ex responsable de Emape en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.

Toda la información fue entregada al equipo de fiscales peruanos que tuvieron la oportunidad de conversar con la jueza e intercambiaron mayor información.

La jueza andorrana descubrió que el BPA estaba en el centro del esquema bancario utilizado por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoamérica. En este esquema participaban funcionarios del banco en Andorra, de sus filiales en Panamá y Uruguay.

La trama consistía en hacer que los receptores de los sobornos crearan sociedades offshore, a nombre de testaferros, en cuyas cuentas se recibían los sobornos. Luego, en el mismo banco se abrían cuentas de los funcionarios públicos, como beneficiarios finales del dinero.

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