Héctor Acuña, candidato al Congreso en La Libertad por Alianza Para el Progreso (APP) y hermano del candidato presidencial César Acuña Peralta, empieza su carrera política con algunos cuestionamientos a su desempeño empresarial.

Macronorte accedió en exclusiva a la Resolución N°1477-2018-TCE-S4 del Tribunal de Contrataciones del Estado, fechado el 7 de agosto del 2018, que resuelve inhabilitar por 8 meses en su capacidad de contratar con el Estado a la empresa AFAR CONSULT SAC, que tiene como accionistas al candidato a legislador Segundo Héctor Acuña Peralta (59,97% acciones) y a Alan Acuña Ruiz (40,02% de acciones); en ese orden, hermano y sobrino del líder de APP.

El Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que los representantes de la empresa AFAR CONSULT SAC, en sus dos solicitudes de trámite para la renovación de inscripción de la compañía como consultora de obras en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), del 26 de octubre y 10 de noviembre del 2016, falsearon información y se declararon legalmente aptos para contratar con el Estado, cuando en realidad no lo estaban. Ocurre que la ley se los impedía tajantemente, debido a que por aquella época Richard Acuña Núñez, sobrino del empresario Héctor Acuña Peralta, era congresista de la República (Periodo 2016 – 2019). Entre ambos, vale aclarar, existe un lazo de consanguinidad del tercer grado.

Según lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidos de contratar con cualquier institución pública, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente y vicepresidentes de la República, congresistas, ministros, viceministros, los vocales de la Corte Suprema de Justicia, los titulares y los miembros colegiados de los organismos constitucionales autónomos. Como queda claro, AFAR CONSULT SAC no estaba calificada para aparecer en el RNP y contratar con el Estado.

Este medio intentó recoger las declaraciones del accionista mayoritario de AFAR CONSULT SAC, Segundo Héctor Acuña Peralta, desde julio del año pasado gerente general de la firma; sin embargo su hijo y socio en la mencionada empresa, nos respondió de manera muy breve que su padre no estaba al tanto de esa gestión.

«La gerente en ese momento fue mi madre que ahora ya no se encuentra con nosotros. Falleció el 2018», precisó Alan Acuña.

«La empresa nunca participó en obras públicas», agregó el joven empresario y coordinador principal de la campaña congresal de su padre.

En efecto, Macronorte revisó los archivos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y pudo corroborar que AFAR CONSULT SAC no tiene registros de contrataciones con el Estado, pese a que fue creada en el 2010.

Fue la Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral del RNP, el organismo que descubrió la entrega de información falseada en los expedientes de la «Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y Socios Comunes», que la consultora ingresó en la oficina desconcentrada del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en Trujillo. Esta dependencia informó de las irregularidades a la Dirección del RNP, que dispuso el 7 de septiembre del 2017, declarar la nulidad de la renovación de inscripción de la empresa y el 18 de diciembre de ese mismo año el inicio del proceso administrativo sancionador.

La consultora AFAR CONSULT SAC transgredió el principio de presunción de la veracidad y se involucró en el delito penal contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo. Esto ocasionó que el mencionado tribunal resolviera inhabilitar por 8 meses a la empresa en su derecho a participar en procedimientos de selección con instituciones públicas. Además, se dispuso que la Procuraduría Pública del OSCE inicie acciones legales contra los que resulten responsables.

Al cierre de esta nota, Macronorte pudo corroborar que la empresa de Segundo Héctor Acuña Peralta, registra una sanción anterior por la misma irregularidad. Esta vez los dos expedientes de renovación de inscripción de la empresa como consultor de obras fueron presentados el 2015, la sanción llegó el 27 de junio del 2018.

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