La exfiscal del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Sánchez, envió un documento a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para solicitar que se investigue y suspenda de sus funciones a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por presuntamente haber interferido en la investigación del caso de corrupción; esto como medida cautelar.
Sánchez Saavedra en dicho documento señala las supuestas infracciones administrativas que afectaron las investigaciones sobre la red de corrupción en el Poder Judicial. Entre ellos, el nombramiento de la hija de María Zavala Valladares, relacionada con exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y con dirigentes de Fuerza Popular.
“En el Ministerio Público hay una inestabilidad total, falta de dirección y una lucha constante para que las investigaciones no lleguen a todas las personas que deben de llegar, tratar de decir solo hasta aquí, por mantener el status quo”, refirió la exfiscal.
En ese sentido, Rocío Sánchez también sostuvo que Zoraida Ávalos debería dar un paso al costado y dejar que las investigaciones transcurran.
En esa línea, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, negó que haya interferido en los equipos especiales de fiscales encargados de investigar los casos Los Cuellos Blancos del Puerto y Odebrecht, o en cualquier otra investigación que se lleve a cabo en el Ministerio Público. Así mismo, manifestó que desde que asumió el cargo es víctima de ataques para manchar su reputación y que esta nueva acusación casualmente se da en vísperas del proceso de ratificación de jueces y fiscales.
“Desde el 2019, año en que asumí como Fiscal de la Nación, he sido blanco de diversos ataques para socavar mi idoneidad en el cargo. No es coincidencia que, en vísperas del proceso de ratificación de jueces y fiscales, se presente este tipo de acusaciones infundadas”, expresó.
Por último, Ávalos Rivera aseguró que en diversas oportunidades han tratado de desacreditar su labor con el solo propósito de afectar las indagaciones que están bajo su responsabilidad, que involucran a altos funcionarios, como expresidentes de la República, ministros, congresistas, jueces y fiscales supremos.
