En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General encontró responsabilidad penal y administrativa en los tres integrantes del Comité de Selección, que otorgaron la buena pro a un consorcio que presentó una carta de línea de crédito carente de veracidad, para adjudicarse la ejecución de una obra de infraestructura educativa en el distrito de Mache (Otuzco). Tres funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Mache, de la gestión del alcalde Ferry Escobedo, tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
Según el Informe de Control Específico N.º 016-2021-2-0420-SCE, dicho comité otorgó la buena pro a un postor que no cumplió con el requisito de admisibilidad y suscribió contrato sin acreditar la experiencia del residente de obra (dos años en ejecución de obras similares). A ello se suma que no admitió tres ofertas de postores que sí cumplieron con el requisito de admisibilidad y ofertaron al 90% del valor referencial, situación que generó un mayor costo a la entidad por diferencia de propuestas de S/ 194 737,96.
Respecto a la carta de línea de crédito carente de veracidad, la Comisión de Control confirmó que la funcionaria de la financiera que supuestamente firmó dicho documento no ha reconocido su rúbrica y, por lo tanto, corrobora que no fue suscrito por ella. Asimismo, existe una significativa diferencia entre las firmas consignadas en la referida carta de línea de crédito y su Documento Nacional de Identidad (DNI).
El beneficiario de estas irregularidades fue el Consorcio Mache, integrado por HCV Company SAC, L & L Ingenieros Velmar SAC y Obras Civiles SAC.
El Comité de Selección estuvo conformado por dos funcionarios y un servidor público de la Municipalidad Distrital de Mache; el exgerente de Infraestructura y Obras, Arturo Zenón Miranda Hernández, actuó como presidente y la exjefa de la Unidad de Logística y Control como primer miembro titular, Hilda Rosmery Rodríguez Rodríguez; esta última -luego del consentimiento de la buena pro- no verificó la exactitud y veracidad de la carta de línea de crédito, además, comunicó la conformidad de los documentos (al gerente municipal) para la suscripción del contrato.
Elisa Miriam Valderrama Benites, segundo miembro titular del Comité de Selección, también tendría responsabilidad penal, en este caso.
La Contraloría General recomendó que el procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios inicie las acciones legales penales contra las tres personas comprendidas en los hechos.
Cabe precisar que el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad fue ejecutado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Otuzco, y comprende el periodo del 11 de setiembre de 2019 al 12 de julio de 2021.
