A inicios del presente año, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anunció que la primera obra emblemática de su gestión sería el Laboratorio Regional de Criminalística, para que la PNP pueda trabajar con eficacia en la lucha contra la delincuencia.
Sin embargo, este medio ha accedido a un oficio enviado por el gerente general del GRLL, Martín Namay, al general PNP Augusto Ríos Tiravanti, donde señala que, el gobierno Regional de La Libertad no tiene competencias para poder invertir en este tipo de proyecto.
Ante esta situación, la exvicepresidenta del GRLL, Mónica Sánchez Minchola, indicó que, el mencionado documento es una falta de respeto a la ciudadanía, debido a que existe un informe, con N°000124-2023/IN/OGPP/OCRI, donde el Ministerio del Interior comunica al Gobierno Regional que es posible realizar un convenio de cooperación para la ejecución del Laboratorio Criminalístico PNP Trujillo.
«Es posible que la intervención al Laboratorio Criminalístico PNP Trujillo se efectúe en el marco de un convenio específico de cooperación interinstitucional que se suscriba con el Gobierno Regional de La Libertad, a fin que el referido Gobierno Regional transfiera los recursos a favor del Ministerio del Interior para la formulación y ejecución de la inversión a desarrollar en la unidad especializada descrita», se lee en el documento.
Asimismo, Sánchez Minchola cuestionó que exista un trasfondo político en el GRLL para no llevar a cabo este proyecto, debido a que, al no ser los ejecutores, no serán los protagonistas políticos, dándole la espalda a las alarmantes cifras de inseguridad ciudadana en la región.
“Lo que pone en la carta (Martín Namay) es una serie de argumentos que son pura panca, que no está en el PI, que el Clasificador de Gastos… O sea, cuando hay voluntad política, es posible hacerlo”, expresó la exvicepresidenta del GRLL.
De otro lado, comentó que, si el gobernador César Acuña no muestra voluntad política para transferir recursos para la ejecución del mencionado Laboratorio Criminalístico, el Consejo Regional puede abordar este tema y, de oficio, puede aprobar el convenio, así como la transferencia de recursos.
