El pasado lunes 16 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Legislativo que plantea condenar hasta con 30 años de cárcel los robos de teléfonos móviles y equipos informáticos, si existe el agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.
La aprobación se da en medio de las preocupantes cifras en materia de sustracción de estos equipos tecnológicos. Según datos del Oganismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al día se roban a nivel nacional casi cinco mil de estos en el transporte público, la calle y hasta en la puerta de las propias viviendas.
“La medida modifica el Código Penal en la figura de robo agravado e incorpora el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante. Además, este hecho delictivo será sancionado con pena de 12 a 20 años. La pena será de 20 a 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito”, se lee en el documento.
En esa línea, el premier Otárola indicó que también se sancionará la modalidad de receptación. «Entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes», detalló.
Además, se castigará a quienes comercialicen equipamiento para la adulteración de códigos IMEI (identidad internacional de un equipo móvil), MAC (control de acceso al medio) o SIM (módulo de identidad del suscriptor).
