Congresistas de diversas bancadas presentaron una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y proponen inhabilitarlo por diez años en el ejercicio de toda función pública.
Según la denuncia, los parlamentarios señalan que el fiscal Villena habría cometido los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.
Esta medida es promovida por los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Gustavo Cordero, Illich López y José Jerí, quienes fueron incorporados dentro de la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público acerca de una presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides.
Al respecto, los congresistas indicaron que estas diligencias fueron dispuestas por la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, pese a que «el artículo 1 de la ley 27399 confiere expresamente al fiscal de la Nación la competencia de realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución».
Por ello, consideraron que la decisión de que la fiscal Espinoza iniciara investigaciones en contra de los 14 parlamentarios «vulnera el principio de legalidad» y «manifiesta transgresión al debido proceso por parte del actual fiscal de la Nación».
«(Villena) delega facultades a un fiscal supremo para asumir de manera indebida investigaciones preliminares a congresistas de la República, basándose únicamente en una disposición administrativa avalada por la autoridad del Ministerio Público (…) Esta disposición administrativa es contraria a normas de mayor jerarquía, como la Constitución y la ley», se precisa en la denuncia.
