La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 2 680 223 en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (ENSA), debido a irregularidades en el proceso de selección y ejecución contractual derivados de la Licitación Pública N° 004-2018 -ELECTRONORTE S.A. realizada con el fin de adquirir e instalar equipos destinados a mejorar la confiabilidad, seguridad y calidad de los sistemas eléctricos en la Unidad de Negocios Chiclayo y Sucursales de Electronorte S.A.
Según el Informe de Auditoria de Cumplimiento N°007-2024-2-4255-AC, durante la fase de selección se observó que el comité de selección, bajo la presidencia de Florentino Ruiz Peralta, quien ahora labora como gerente de Operaciones de Hidrandina, admitió y calificó las propuestas de las empresas Electrowerke S.A. y Consorcio SILICON, pese a que incumplían con los requisitos establecidos en las bases integradas.
Es así que se le otorgó la buena pro a Electrowerke S.A., a pesar que no acreditaba la experiencia específica requerida. Por ello, se detectó que el contrato con la empresa fue suscrito de manera irregular, ya que algunos bienes incluidos en el detalle de precios unitarios presentados para el perfeccionamiento del mismo no concuerdan con lo requerido en las bases integradas, lo cual no fue observado por Electronorte SAC.
El órgano de control también mencionó que Ruiz Peralta brindó conformidad a un pago de más de 3 millones de soles a favor del contratista por concepto de adelanto directo, sin advertir que el contratista había presentado su solicitud fuera de plazo establecido en los documentos del proceso de selección, por lo tanto, no correspondía tramitarlo.
Sumado a ello, se detectó que el presidente del comité de selección no declaró el parentesco de primo hermano que tenía con el apoderado del citado postor ganador de la buena pro, tampoco renunció al cargo, ni se abstuvo de participar durante el procedimiento de selección. Debido a estas situaciones adversas el funcionario afrontará responsabilidades penales.
De igual manera, el perjuicio económico se debió a que servidores y funcionarios de la entidad pagaron por bienes que no ingresaron al almacén institucional y cuya ubicación se desconoce; así como, por materiales que no fueron requeridos y otros valorizados por montos mayores a lo establecido en el detalle de precios unitarios presentado por el contratista para el perfeccionamiento del contrato.
En su momento, a través del documento GR-000394-2019, el citado funcionario fue sancionado por la empresa durante 30 días sin goce de haber por falta grave detallada a continuación.
«Haber intervenido en un procedimiento de selección, sin revelar que dos familiares suyos tienen vínculo laboral con una de las empresas postoras, que es precisamente a la que se le otorgó la buena pro. Así también, recibió sanción por haber procedido a la evaluación de las propuestas sin observar debidamente sus obligaciones y por no haber publicado el otorgamiento de la buena pro dentro del plazo establecido», se lee en el documento.
