En medio de los cuestionamientos a su gobierno, la presidenta Dina Boluarte propuso abrir el debate sobre aplicar la pena de muerte en el Perú contra los violadores de menores de edad, como una medida para combatir este tipo de delitos.
Sin embargo, en declaraciones a este medio de comunicación, el abogado constitucionalista Juan Castañeda señaló que el citado tema no es factible ni viable, debido a que actualmente no estamos en las capacidades deliberativas de asumir determinados debates.
«Es un tema que no es necesario, porque no se tienen los insumos y tampoco las capacidades deliberativas a nivel político. Es una propuesta que demuestra la incapacidad respecto a los diferentes frentes que tiene que solucionar en el país, y no solamente pasa por un asunto de inseguridad y muertes, sino también un esquema de la propia estabilidad en el país”, mencionó.
Asimismo, indicó que no es posible, porque la misma Convención Americana de Derechos Humanos precisó que es inviable que a través de leyes o reformas constitucionales se retome la pena de muerte.
“O sea, por más que sea habilitado el camino, esto no resulta conforme a la citada Comisión y seguramente la misma postura tendrá el Tribunal Constitucional”, agregó Castañeda.
En esa línea, indicó que la propuesta señalada por la presidenta Boluarte es política antes que técnica jurídica, mostrando una vez más su incapacidad ante situaciones dramáticas.
Por su parte Luis Zavala, especialista en Derecho Constitucional, precisó que lo expresado por la presidenta es populismo claro y notario, porque ella sabe perfectamente que no se puede aplicar la pena de muerte de acuerdo al marco normativo actual.
“Es un despropósito lanzar una afirmación de esa manera, siendo ella la primera mandataria del Estado. Los convenios internacionales firmados imposibilitan aplicación de la pena de muerte en nuestro país. Más allá de lo viable o no, el asunto es que tan bien le haga esto al país, porque nos dejaría sin una protección internacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos peruanos”, aseveró.
“Ella tiene que entender que como presidenta de la República es la representante oficial del Estado ante la comunidad internacional, y un mensaje de esa naturaleza simplemente da a entender que está rechazando los tratados que ha suscrito el estado peruano”, acotó a este medio de comunicación digital.
