El pasado 30 de mayo, en primera votación, el Pleno del Congreso aprobó un texto sustitutivo que propone modificaciones al Código Penal, a la Ley Contra el Crimen Organizado y a la Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares.
En esa línea, esta aprobación tiene como objetivo determinar con precisión las características que definen la tipicidad de una organización criminal, así como, modificar el procedimiento de allanamiento judicial.
El dictamen «considera como organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y con mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada o coordinada, se reparten diversas tareas o funciones correlacionadas entre sí, para la comisión de delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico».
Asimismo, indica que el allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, deberán llevarse a cabo siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello.
De igual manera, el registro se debe realizar con presencia del acusado y de su abogado. Es decir, una vez que el fiscal tenga la orden judicial de allanamiento con estos fines, tendrán que notificar a los abogados de los sospechosos para que estén presentes en el operativo.
Para el fiscal especializado contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, es una ley que favorece a los delincuentes, limitando seriamente la capacidad operativa de la Fiscalía.
“Se pierde el factor sorpresa. Si esta norma hubiese estado vigente, el operativo que hubiésemos hecho contra Los Gallegos hubiésemos tenido que notificarles a los abogados: Por si acaso, el jueves en la noche vamos a ir a allanar la casa de tu patrocinado, así que avísale y espérennos ahí en la sala. ¿Qué cree que van a hacer? No los vamos a encontrar”, explicó.
El texto aprobado requiere aún una segunda votación, que se llevará a cabo tras un período de siete días naturales. De ser aprobado definitivamente, el proyecto modificará sustancialmente la manera en que se abordan legalmente las organizaciones criminales en Perú, afectando tanto los procedimientos de investigación como las sanciones aplicables a este tipo de delitos.
