Serie Investigativa: Inmunotransparencia policial

Los años 2014 y 2015 fueron inigualables, comercialmente hablando, para la empresaria Vanessa Jacqueline Pretel León de Lamadrid, proveedora exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP) y esposa del Mayor PNP José Martín Lamadrid Espinoza, quien fue pasado al retiro a finales del 2017.

Durante aquella época, esta mujer contrató 56 veces con la Macro Región Policial La Libertad – Áncash, a través de la Unidad Ejecutora 005-Dirtepol Trujillo. Para la PNP de esta zona del país, Pretel León de Lamadrid ha realizado decenas de trabajos de mantenimiento preventivo de las comisarías de Áncash y La Libertad.

El apogeo comercial de esta empresaria se produjo durante el mando del Gral. César Gentille, jefe de la Macro Región Policial La Libertad – Áncash, durante buena parte del 2014 y 2015. Daniel Urresti, era entonces el ministro del Interior y había ratificado al mencionado general en el cargo.

Esta empresaria ha ganado en total 61 contratos con la PNP. Con la II Región Policial de Chiclayo contrató 1 vez en el 2013 y 3 veces en el 2016. Con la Región Policial de Piura también se adjudicó un contrato en el 2016.

Este medio intentó comunicarse con Gentille, ahora general en situación de retiro, sin embargo, no pudimos concretar el contacto telefónico. Deseábamos que nos expliqué por qué el mantenimiento de las comisarías a su cargo tuvieron como ejecutor exclusivo a la esposa de un oficial. Igual suerte corrimos con la empresaria protagonista de este informe.

La suerte de Vanessa Pretel culminó en el 2017, cuando el Tribunal de Contrataciones del OSCE la sancionó temporalmente por 36 meses tras comprobarse que había presentado documentos adulterados, en un proceso de licitación convocado por la Unidad Ejecutora 005-Dirtepol Trujillo.

Como hemos señalado, el 2017 fue también un año duro para el Mayor PNP José Martín Lamadrid Espinoza, quien en diciembre fue pasado al retiro por renovación de cuadros. En enero del 2018, el exoficial pidió su reincorporación a la actividad policial lo que le fue negado con la Resolución Ministerial 423-2018, firmada por Vicente Romero Fernández, ministro del Interior por aquella época.

Lo expuesto por el equipo de periodistas de Macronorte.pe podría servir para reconstruir la forma en que se han manejado los recursos económicos de la PNP, en los últimos años. Empresas fundadas por familiares directos y personas cercanas a altos oficiales de esta institución castrense, han venido monopolizando las contrataciones y se han convertido en proveedores exclusivos y «todo terreno» de la policía. Todo esto ocurrió en la PNP, un organismo que debía luchar contra el crimen y a la luz de los hechos, se habría convertido en uno de los focos de corrupción más grandes en el país.

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