A través del Oficio N°171-G-RALL-ESSALUD-2024, la Red Asistencial La Libertad (EsSalud) informó al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) que la empresa DVF Corporation, ganadora del proceso de «Contratación de servicio de mantenimiento de infraestructura de los establecimientos de salud de la Red Asistencial La Libertad» presentó documentos falsos para adjudicarse la buena pro.
Precisamente, DVF Corporation refirió 3 documentos (Constancia de prestación de servicios, Contrato privado de supervisión de obra y Acta de conformidad de supervisión de obra) con la firma del representante de la empresa FAZ SAC.
Sin embargo, luego de consultar la veracidad de las rubricas al citado representante, este señaló que las rúbricas estampadas en los documentos no corresponden a su verdadera firma, deslindando toda responsabilidad. En consecuencia, se declaró de oficio la nulidad del proceso y se quitó la buena pro otorgada a la empresa DVF Corporation.
Para el abogado y ex fiscal, Alfredo Galindo, la empresa podría obtener una sanción administrativa y hasta penal por el delito contra la fe pública. Asimismo, indicó que el tribunal de la OSCE tiene la facultad de decidir si se aplica una multa o inhabilitación temporal o definitiva a la empresa para contratar con el Estado, que en este caso podría ser hasta por un periodo de 36 meses (3 años).
“Hay sanción administrativa previo proceso administrativo sancionador. Sin perjuicio de ello, se deben remitir copias al Ministerio Público para la acción penal correspondiente”, comentó.
Por su parte, el abogado Greco Quiroz, indicó que en materia administrativa el Tribunal de Contrataciones del Estado debería sancionar a la empresa DVF Corporation con la cancelación definitiva de su registro como proveedor del Estado debido a la gravedad de los hechos.
Asimismo, indicó que la empresa habría incurrido en el delito falsificación documentaria tipificado en el artículo 427 del código penal con una pena privativa de 10 años como máximo.
Es de señalar que, en reiteradas resoluciones emitidas por el TCE, la entidad sanciona por un período de 36 meses de inhabilitación temporal en el derecho de participar en procedimientos de selección, procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, y de contratar con el Estado por presentar documento falso e información inexacta ante la Entidad.
