El presidente del directorio de Sedalib, Percy Rosario Martell, confirmó que hay en ciernes una privatización del servicio de alcantarillado, no de la empresa, debido a un convenio de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) del año 2016 con el Ministerio de Vivienda, hecho en la gestión de Elidio Espinoza Quispe, delegando atribuciones para gestionar financiamiento privado para un proyecto de saneamiento.
“Es algo real. El proyecto está en estudios de prefactibilidad y de factibilidad, en proceso de aprobación, con una inversión de 1,300 millones de soles”, dijo ante la pregunta de si existe alguna acción concreta orientada a la privatización de Sedalib, en sesión extraordinaria de concejo conducida por el alcalde Mario Reyna Rodríguez.
El burgomaestre recordó que, este año, cuando se reunió con representantes del ministerio por este proyecto no tocaron este tema. “Hubo falta de transparencia o se olvidaron de decirnos las cosas tal cual son”, manifestó, adelantando que se buscará el convenio para darlo a conocer en una nueva sesión de concejo.
El convenio es el N°1363-2016-Vivienda y su objetivo principal es delegar funciones y competencias en materia de concesiones al sector privado en temas de saneamiento para que el ministerio otorgue en concesión el proyecto de inversión “Sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales de la provincia de Trujillo”, encargando la ejecución del proceso a Proinversión, así como a realizar la suscripción del contrato.
Bajo ese marco, se gestionó la formulación del Proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final y/o reúso, y de la infraestructura de recolección en la localidad de Chepén y 8 distritos de la Provincia de Trujillo”, sustentado en el Decreto Supremo N° 014-2017-VIVIENDA.
Proinversión publicó en el diario oficial el Acuerdo N° 139-1-2024 de su consejo directivo, aprobando que la modalidad de promoción de la inversión privada del proyecto contenido en la iniciativa privada denominada “Tratamiento de aguas residuales para disposición final o reuso, provincias de Trujillo y Chepén”, es la asociación público privada cofinanciada.
El proyecto tiene una inversión de US$ 409 MM y prevé el mejoramiento de líneas interceptoras y conectoras; y la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales de 2.4 m3/s en total.
Sedalib ha hecho saber que tratándose de un proyecto de asociación público privada cofinanciada, se analicen otras alternativas de tecnologías y ubicación de la planta de tratamiento para Trujillo, debiendo incluir: el uso de la infraestructura existente en el sistema del alcantarillado en la ciudad, específicamente lo referente a los interceptores, emisores y las PTAR; considerar la posibilidad del reuso de las aguas residuales tratadas en el sector El Tablazo; y la posibilidad del riego de más de 10,000 hectáreas de terrenos eriazos ubicadas en la parte noroeste de Trujillo.
Sugiriendo, además, la instalación de un monorelleno aprovechando las instalaciones que dejarán de operar con la puesta en marcha de las nuevas PTARs en Trujillo.
Percy Rosario indicó que en reunión con Proinversion fue informado este año de este proyecto al buscar el saneamiento de un terreno en Covicorti y que una empresa española está interesada en este proyecto que sería concesionado por 23 años.
Sin embargo, lo que no se precisó es quién se hará cargo de la administración de las redes de saneamiento, dejando ver que esa sería un tema de Sedalib. Para este proyecto van a utilizar nuestras redes, que llegan hasta el sector Valdivia, y si van a pagar algún porcentaje por su uso. El ministerio tendría que precisar quién va a devolver esos 1,300 millones de soles y quién va a pagar por el servicio.
En la provincia de Trujillo, la empresa prestadora de servicios de saneamiento atiende a poco más de 205 mil conexiones domiciliarias y a unos 800 mil habitantes; y el 40% de ingresos de la empresa es por la administración del alcantarillado.
A la pregunta del regidor Andrés Sánchez si fueron notificados de todo esto, el presidente del directorio indicó que no. “No somos parte firmante del convenio y no están obligados a informarnos”, precisó.
Luis González Rosell dijo que quedan muchas dudas sobre este proyecto. “Sedalib no puede estar al margen. Que se reformule el convenio. Vemos tantas cosas irregulares y después saltan sorpresas por falta de transparencia. Al final la población será la perjudicada con el pago de la tarifa”, aseveró.
