La Comisión de Constitución del Congreso, con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, aprobaron el dictamen para reestablecer la inmunidad parlamentaria. Este cambio, de aprobarse en el Pleno, entraría en vigencia a partir del Parlamento, que será elegido en el 2026.
Esta propuesta de reforma constitucional plantea que ningún congresista puede ser procesado o detenido mientras esté en funciones, a menos que el Congreso o la Comisión Permanente lo autoricen. Solo hay una excepción: si el congresista es sorprendido cometiendo un delito en flagrancia; es decir, en el mismo momento en que ocurre el delito.
En cuanto a delitos comunes, la iniciativa establece que la Corte Suprema juzgará a los legisladores por hechos ocurridos durante su mandato. Si el delito se cometió antes de asumir funciones, el caso quedará en manos de un juez penal ordinario. En ambos casos, se necesitará autorización del Congreso o la Comisión Permanente, salvo si se trata de flagrancia.
Finalmente, el dictamen aclara que los cambios solo regirán para los representantes elegidos en las elecciones generales de 2026. En caso de no haber pronunciamiento legislativo en los plazos previstos, los involucrados serán puestos a disposición de la Corte Suprema para determinar si procede el desafuero.
