El director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), Yury Pinto, señaló que la minería ilegal es una de las principales amenazas en el país, porque destruye bosques y ecosistemas, y arriesga el acceso de agua de millones de familias.
Pinto señaló que solo en las últimas dos décadas se vertieron más de 3 000 toneladas de este metal pesado en cuerpos de agua. Esta situación fue comentada en el Foro del Agua, realizado como parte de PERUMIN 37.
“El daño es tal que no se puede hablar de formalización cuando se trata de operaciones en cabeceras de cuenca o fuentes hídricas, donde la minería está prohibida por ley. La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país”, expuso Pinto.
Esto, coincide con lo señalado por la lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, quien advirtió que los habitantes de las comunidades de Madre de Dios tienen que caminar una hora para encontrar agua limpia, porque los ríos están contaminados con mercurio.
“Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse, porque la piel se les llena de ronchas”, contó Teresita en un seminario de hace tres semanas.
Pinto recordó que hasta 2014 se habían perdido alrededor de 100 mil hectáreas a causa de las actividades de minería ilegal.
“Sus efectos son irreversibles cuando se contamina el agua y se destruye la Amazonía, pero además afectan directamente a la agricultura, la pesca y la biodiversidad”, aseveró.
El funcionario también señaló que en La Libertad la minería ilegal no solo está destruyendo cerros y montañas en busca de oro, sino que está envenenando los ríos que sostienen la vida. Desde el río Moche hasta el Marañón, pasando por las quebradas de Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, el impacto de la minería ilegal ha alcanzado niveles alarmantes, según diversos informes del Ministerio del Ambiente (Minam), OEFA y organismos de derechos humanos.
El caso más crítico es el del río Moche, un afluente vital que atraviesa los valles agrícolas de Trujillo. Según estudios del SENAMHI y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las aguas del Moche contienen altos niveles de metales pesados como arsénico, plomo, cadmio y mercurio, muy por encima de los límites permitidos por la OMS.
Estos contaminantes provienen en gran parte de pasivos ambientales mineros, pero también —y cada vez con más fuerza— de actividades ilegales río arriba. Las cabeceras de cuenca de esta región —como Callacuyán, Parcoy, Pataz y Quiruvilca— han sido tomadas por mineros ilegales que instalan plantas de procesamiento clandestinas, perforan el suelo sin ningún control ambiental, y arrojan relaves directamente a los cursos de agua.
