El alcalde Mario Reyna Rodríguez reveló que inspectores del área de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron amenazados de muerte solo por cumplir con su labor, al internar al Depósito Municipal de Vehículos unidades informales que no tenían la Tarjeta Única de Circulación (TUC).
“Lo que realmente nos preocupa es que estén tratando de atentar contra la vida de los fiscalizadores de transportes. Las amenazas son resultado, al parecer, del internamiento de cuatro vehículos informales el pasado 19 de diciembre, durante acciones de fiscalización y control de vehículos informales que hacían servicio de transporte público sin contar con TUC” explicó.
El burgomaestre indicó que como resultado de estas intervenciones, estando el personal en el Depósito Municipal de Vehículos, llegaron de manera simultánea mensajes amenazantes a los teléfonos móviles del personal.
“Ya sabes, estás bien advertida no estamos jugando si quiere pasar tu navidad familiar no te metas con la gente… por más que se esconda igual los voy a chapar… están bien advertidos todos así que ya saben vuelven a tocar mis cosas y uno x uno ch oy bajondeme”, dice el mensaje amenazante.
También amenazaron con videos, donde, además de palabras soeces portando armas de fuego, mencionan los nombres del personal municipal de Transportes y Tránsito, escribiendo con balas sus nombres. Incluso se visualiza el número del celular utilizado. Por ello los fiscalizadores han interpuesto denuncias ante la PNP y el Ministerio Público, solicitando garantías personales.
Respecto a las amenazas y extorsiones que sufrió el alcalde, señaló que no lo atemorizaban. “No me quejo, quien es funcionario público está expuesto a este tipo de cosas”, dijo.
“Se cierra una discoteca y te amenazan, se sanciona a alguna empresa de transportes o al comercio ambulatorio y también te amenazan. Lo primero que hicimos fue liberar el servicio de taxis y por eso también recibimos fuertes amenazas”.
“Antes para dar el servicio de taxi tenías que ser parte de una empresa o asociación, donde les cobraban por ingresar, por el uso de farolas y les vendían carnés chalecos, corbatas, cuando la ley manda que esa labor es libre e incluso Indecopi se había pronunciado al respecto. Desde allí comenzaron las amenazas”, precisó Mario Reyna.
