Las operaciones de la empresa minera Olga Victoria, ubicadas en el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, se desarrollan en medio de serios cuestionamientos por parte de la población local.
La compañía no cuenta con la licencia social del caserío de Tambillo, uno de los tres caseríos con influencia directa en la zona de actividad minera, requisito considerado clave para la viabilidad de proyectos extractivos en comunidades rurales.
“Siempre ha habido la oposición por parte del caserío de Tambillo, porque es de influencia directa dentro de las labores mineras. Señalan que la minera ha presentado los permisos sociales, lo que pasa es que la zona de influencia son 3 caseríos: Casa Blanca Baja, La Victoria y Tambillo, este último es el más afectado. Queremos suponer que los demás caseríos han estado de acuerdo y con ellos han trabajado», señaló el alcalde de Cachicadan, Daniel de la Cruz, a Macronorte.pe
La licencia social es el nivel de aceptación, confianza y aprobación continua que una comunidad local y otras partes interesadas otorgan a un proyecto o empresa, permitiendo su funcionamiento más allá de los permisos legales.
Sin embargo, en este caso, los pobladores de Tambillo aseguran que nunca otorgaron su aprobación y denuncian impactos ambientales negativos derivados de las labores extractivas.
En esa línea, la autoridad edil señaló que se ha solicitado el legajo del expediente completo para el análisis correspondiente y ver que los documentos estén de acuerdo a lo que se requiere la ley.
“Es por ello que se ha solicitado que se entregue el legajo del expediente completo de la minera donde se ha otorgado los permisos necesarios, porque ellos (mina Olga Victoria) deberían en su momento su trabajo y responsabilidad social, para que tengan el permiso social», agregó.
Desde hace varios días, los comuneros de Tambillo mantienen un paro indefinido contra la minera Olga Victoria. La medida de fuerza responde, según indican, a la presunta contaminación de ríos, quebradas y manantiales producto del manejo de relaves mineros, lo que estaría poniendo en riesgo las fuentes de agua utilizadas para el consumo humano, la agricultura y la ganadería.
Los pobladores sostienen que, pese a sus reiterados reclamos, no han recibido respuestas concretas que garanticen la protección del ecosistema local. Esta situación ha incrementado la desconfianza hacia la empresa y ha profundizado el conflicto social en la zona.
Es de señalar que durante una reunión que se realizó el pasado 26 de enero, el gerente regional de Energía y Minas, Beder Martell, se comprometió a fiscalizar las actividades de la empresa minera Olga Victoria S.A. en el transcurso de esta semana, por lo que, se solicitará el apoyo de la Policía Nacional, Fiscalía Ambiental, Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional, así como la Comisión de Recursos Naturales.
El informe que resulte de esta supervisión será remitido posteriormente a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes conforme a ley.
