En el marco del Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026, la Contraloría General de la República expuso situaciones adversas recurrentes en la muestra de 35 instituciones educativas supervisadas en la región La Libertad, entre las que resaltan: las deficiencias en la infraestructura e insuficiencia de mobiliario, condiciones que comprometen la salud, seguridad e integridad de la comunidad educativa.
Las instituciones educativas que fueron visitadas se ubican en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N.° 1 El Porvenir (7), N.° 2 La Esperanza (4), N.° 3 Trujillo Nor Oeste (4), N.° 4 Trujillo Sur Este (6), así como en las UGEL de Pacasmayo (4), Virú (3), Gran Chimú (3) y Otuzco (4). Cabe precisar que, desde esta última jurisdicción, el contralor general César Aguilar Surichaqui anunció el inicio del operativo a nivel nacional el pasado 28 de enero.
Aulas con paredes, techos y pisos en mal estado; baños en condiciones deficientes, incluso sin diferenciación para hombres y mujeres o para docentes y estudiantes; losas deportivas y cercos perimétricos que requieren mantenimiento o sustitución; insuficiencia de mesas y sillas tanto para alumnos como para docentes; aulas inhabitables y ausencia de módulos prefabricados para reemplazarlas son parte de las deficiencias de infraestructura y mobiliario detectadas.
Asimismo, se advirtió que cuatro de las 35 instituciones educativas que formaron parte de la muestra en la región no cuentan con el número suficiente de docentes para iniciar el año escolar 2026, lo que impediría cubrir la totalidad de secciones previstas por el Ministerio de Educación (Minedu). Estas son: las I. E. César Vallejo Mendoza, Francisco Bolognesi Cervantes (La Esperanza), 209 Jardín Santa Ana (Trujillo) y San Gabriel (Cascas – Gran Chimú).
Sumado a ello, 27 de los 35 colegios no cuentan, al menos, con un profesional de psicología encargado de la prevención y atención de casos de acoso y violencia entre estudiantes o de docentes hacia estudiantes. Igualmente, en otras 17 instituciones educativas persiste la necesidad de que los docentes cuenten con la capacitación obligatoria en enfoque de género, orientada a prevenir la violencia y la discriminación de género en la administración pública.
También, se evidenció que la falta de condiciones y elementos para prevenir y atender accidentes o desastres pone en riesgo la integridad física de la comunidad educativa. Del mismo modo, la ausencia de infraestructura y equipamiento adecuados para el desplazamiento de las personas con discapacidad podría afectar su integridad y limitar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
