Con 17 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen para que no puedan postular a cargos de elección popular ni ser funcionarios aquellas personas condenadas a penas privativas de la libertad efectiva por la comisión de delitos como el terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, así como delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
De ser aprobado por el Pleno del Congreso este impedimento se mantendrá incluso diez años después de que estas personas, condenadas en calidad de autores, cómplices o instigadores, hayan sido declaradas rehabilitadas.
Es de señalar que este proyecto había sido discutido en junio en el Pleno, sin embargo, en el debate no se llegó a ningún acuerdo. La lista de delitos que los legisladores empezaron a proponer como impedimentos para la postulación y el ejercicio de puestos públicos incluía tipos penales de distinta gravedad, situación que ocasionó que se pase a un cuarto intermedio que ha duró hasta este mes.
Ahora el proyecto deberá pasar nuevamente al Pleno y por tratarse de una reforma constitucional, se necesitan dos votaciones calificadas (87) en dos legislaturas.
