Frente a la compleja situación que atraviesa la provincia de Pataz, el Consejo Regional de La Libertad (CRLL) exige la modificación o derogatoria del Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, emitido por el Ejecutivo, por considerar que afecta gravemente los derechos y la economía de los ciudadanos.
La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, remarcó que se han establecido dos posiciones claras frente a esta crisis que azota a la provincia de Pataz.
“Tenemos dos posiciones. Una posición política, que nos corresponde como autoridades elegidas por el pueblo, y una posición legal, dentro del marco que nos compete como órgano legislativo regional. No podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en la provincia de Pataz. Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Pataz y rechazamos la forma arbitraria en que se emitió el D.S. 060-2025 sin tomar en cuenta la realidad que allí se vive”, mencionó.
Asimismo, anunció que el Consejo emitirá un pronunciamiento institucional, el cual será remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a las autoridades correspondientes.
“Lo que el pueblo ha manifestado es claro: si se va a emitir un decreto para suspender la actividad minera, entonces que se aplique para todos, sin excepciones. No es justo que se prohíba trabajar a los pequeños mineros, mientras las grandes empresas continúan operando. Eso genera desigualdad y abandono”, señaló.
En la misma línea, el consejero por la provincia de Pataz, Frank Solórzano, informó que se ha sostenido una mesa de diálogo con representantes del distrito de Pataz, incluyendo al alcalde distrital y funcionarios de Defensa Nacional y Energía y Minas.
“Hemos recogido propuestas concretas, entre ellas la exigencia de modificar o derogar el decreto supremo, ya que su aplicación no puede ser uniforme en todos los distritos. La situación de Pataz no es la misma que la de Parcoy o Tayabamba, donde no ha habido conflictos ni alteraciones del orden público”, explicó.
Por su parte, el consejero Luis Rodríguez enfatizó la gravedad del impacto económico y social en la provincia. “Estamos hablando de cerca de 100 mil habitantes que viven, en su mayoría, de la minería artesanal. No todos los mineros tienen recursos, muchos viven del trabajo diario. La canasta básica, los estudios de sus hijos, todo está en riesgo. Si no se toman medidas urgentes, esto puede desencadenar una crisis política, social y psicológica”.
Rodríguez agregó que, desde el Consejo, se está trabajando en la documentación y remisión de informes a la Presidencia de la República, PCM, Congreso, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Trabajo, solicitando formalmente la revisión del D.S. 060-2025.
