La Contraloría General de la República (CGR) identificó que la Municipalidad Distrital de Huanchaco, liderada por el alcalde Efraín Bueno, habría contratado de manera irregular el servicio de «Diagnóstico técnico de las cámaras de video vigilancia para el distrito de Huanchaco», a la empresa A&A Corporation SAC, generando un perjuicio económico de casi 20 mil soles a la citada comuna.
Según refiere la comisión de control, el subgerente de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, José Morales Silva, requirió la cotización del citado servicio, elaborando los Términos de Referencia (TDR) en formato incorrecto, sin considerar que, para tal servicio era necesario la contratación de personal calificado.
Por ello, se utilizó un formato para servicios en general, cuando correspondía usar un formato para servicios de consultorías. Además, no acogió la totalidad de ítems indicados en el informe técnico realizado por el jefe (e) de la Unidad de Tecnología de la Información. Dicha omisión no fue observada por el gerente de Seguridad Ciudadana, Santos Tapia Aranda, pese a que está dentro de sus funciones.
Pese a estas irregularidades, Tatiana Rodríguez Vega, jefa de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de Huanchaco, tramitó el pedido de cotización y de requerimiento del servicio sin realizar ninguna corrección a la formulación respecto al formato a ser utilizado y sin el visto bueno de la Unidad de Tecnología de la Información, por tratarse de equipos tecnológicos y/o servicios referidos a su especialidad.
En esa línea, la Contraloría también precisó que, al realizar la indagación de mercado para realizar la contratación del citado servicio, se eligió a un proveedor (A&A Corporation) que no acreditó experiencia en la contratación de servicios en consultoría relacionado a diagnóstico técnico detallado de las cámaras de video vigilancia y componentes de fibra – red.
Asimismo, de la verificación a las fichas RUC enviadas por los proveedores, se advierte que se elaboró la indagación de mercado considerando ofertas de proveedores que no se dedicaban a actividades relacionadas al objeto de contratación y sin ninguna experiencia como proveedor del Estado.
Un dato que ha generado sospechas respecto a esta indagación es que las cotizaciones presentadas por A & A CORPORATION S.A.C. y A VIVIR.COM S.A.C, se encuentran vinculadas económicamente dado que el principal accionista, Ysidro Ávalos Orbegoso, posee el 96% y 90% del porcentaje de las acciones en ambas empresas, respectivamente.
“Limitando la pluralidad de potenciales postores al no obtener competencia efectiva y la propuesta más ventajosa, ante ello no se tenía-cotizaciones válidas para el estudio de mercado”, indica el órgano de control.
Sin embargo, la jefa de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, elaboró y visó el cuadro comparativo denominado «Estudio de mercado», resultante de la indagación de mercado, aseverando que las 3 cotizaciones cumplieron con la «experiencia», lo cual no se condice con la documentación presentada.
De otro lado, la CGR señaló que tras ser adjudicado este servicio a la empresa A&A Corporation, esta realizó el trabajo correspondiente y realizó un informe de diagnóstico denominado “Diagnóstico planta externa central de cámaras”. No obstante, se identificó que la empresa no ejecutó en su totalidad el servicio contratado, debido a que el informe presentado solo contiene una descripción visual y ligera de lo encontrado, «sin mayor evidencia de haber realizado el diagnóstico de las 32 cámaras inoperativas«.
Además, se verificó que Davis Castillo Cortez, profesional especialista en elaborar el citado informe, no cuenta con habilitación como Ingeniero Electrónico, sino que la profesión que se visualiza es de Ingeniero Civil con especialidad en Civil – Sanitaria, evidenciando que el diagnóstico sobre las cámaras carecería de validez debido a que no fue realizado por personal profesional idóneo. Pese a ello, se emitió la conformidad al informe del servicio brindado y se realizó el pago correspondiente.
De acuerdo a los hechos expuestos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en 3 funcionarios de la comuna de Huanchaco. Se trata de José Morales Silva, Subgerente de Seguridad Ciudadana y Serenazgo; Santos Tapia Aranda, gerente de Seguridad Ciudadana; y Tatiana Rodríguez Vega, jefa de la Unidad de Logística. También fue incluido Ysidro Ávalos Orbegoso, gerente de la empresa A&A Corporation, como tercero participe, con presunta responsabilidad penal.
En ese sentido, se solicitó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones penales contra los citados funcionarios, a fin de que se determinen las responsabilidades que correspondan.
Por su parte, el órgano de control requirió al alcalde Efraín Bueno tome las acciones respectivas para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.
