Macronorte.pe accedió a un documento presentado por el ciudadano Lucio Acuña Salazar ante la Municipalidad Provincial de Ascope, solicitando la suspensión de 8 regidores por infracción grave al reglamento interno del Concejo Municipal y a la Ley Orgánica de Municipalidades.
Los regidores contra los que se solicita su supresión son: Rolando Luján Melendez, Joanne López Arroco, Milagros Cruzada Alvarado, Jorge Chigne Cotrina, Diana Espinoza Cuba, Omar Cotrina Fernández, Katherin Cotrina Culquichicon, y Keny Carbajal Acosta.
Según los argumentos preciados en la solicitud, los citados concejales votaron a favor de la devolución del expediente de integración de Casa Grande a Sedalib, pese a que esta decisión no se encontraba dentro del marco normativo vigente, vulnerando las políticas públicas en materia de saneamiento.
“Frente a este hecho, se evidencia una falta grave cometida por los regidores mencionados, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley N.º 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, que contempla la suspensión del cargo por sanción impuesta debido а falta grave según el Reglamento Interno del Concejo Municipal (R.I.C).”, asevera Lucio Acuña.
De acuerdo a los regidores, buscaban que Casa Grande regularice o acredite la propiedad de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad que se integra, pese a que ya habían sido notificados de un informe del Ministerio de Vivienda, donde se precisaba que esto no era un condicionante-
Precisamente, el informe del citado ministerio señalaba que requerir como requisito el saneamiento físico legal o información sobre la titularidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento de la localidad que se integra a una EPS vulnera el marco normativo sectorial.
Hace algunos días, este medio de comunicación digital dio a conocer que en el Informe N°476-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, el Ministerio de Vivienda dispuso que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) inicie acciones penales, administrativas y constitucionales contra la alcaldesa de Ascope, María del Rosario Cortijo, y 8 regidores, por haber transgredido la Política de Integración Sectorial.
«Corresponde que el OTASS realice las denuncias administrativas, penales, constitucionales, entre otras que conciernan, contra las autoridades municipales, alcaldesa y regidores, que han trasgredido la Política de Integración sectorial», se lee en el informe.
