El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene en la mira el proceso de contratación por más de S/600 millones para la construcción de la carretera Boca del Río en Tacna, debido a que se pone en cuestionamiento la transparencia de la licitación y los antecedentes de las empresas participantes.
El proceso de selección ha generado sospechas, dado que las empresas China Civil Engineering Corporation, China Gezhouba Group, y Synohydro Corporation Limited presentaron exactamente la misma oferta económica y alcanzaron el mismo puntaje técnico del 100%. Estas compañías chinas con sucursal en Perú tienen un historial de serias denuncias y cuestionamientos.
En ese sentido, China Civil Engineering Corporation, señalada en el pasado por su presunta participación en el caso del puente Tarata III, vinculado a la red “Los Niños” y al expresidente Pedro Castillo, arrastra una lista de penalidades, sanciones temporales y una multa por incumplimiento de contrato.
A pesar de estos antecedentes, la presidenta Dina Boluarte no dudó en reunirse con sus empresarios.
Por su parte, Synohydro Corporation Limited, que quedó en segundo lugar en el proceso, ha sido acusada por presunto fraude y presentar fallas estructurales en la construcción de un hospital en Cajamarca. Además, enfrenta una denuncia de una subcontratista por más de 4 millones de soles.
La empresa ganadora, China Gezhouba Group, arrastra varios reclamos ciudadanos por presuntos incumplimientos. Pobladores de Cañete denunciaron el abandono de una obra para mitigar desbordes del río, valorizada en S/116 millones. En Huamachuco (La Libertad), la misma empresa es cuestionada por el retraso en la construcción de un nosocomio.
Cabe mencionar que la buena pro fue otorgada al consorcio Vial Sama, conformado por China Gezhouba y la peruana Construcción y Conservación del Norte S.A.C., empresa creada hace apenas dos años.
Si bien, el contrato aún no fue firmado por alguna observación o vicios, la adjudicación pasaría a las siguientes empresas en listas, es decir, chinas.
Cabe resaltar que la adjudicación final se dio durante la gestión de César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, quien además ha presentado su propia denuncia sobre presuntas presiones internas.
El ministro indicó que cuando ingresó a la cartera, el proceso estaba en camino y apenas tomó conocimiento del hecho, se hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía. No obstante, no puede interferir como funcionario. Asimismo, cuestionó el accionar lento de la Contraloría General del República y la Fiscalía, respecto a estos cuestionamientos.
Fuente: Correo
