El empresario español Florentino Pérez, presidente de la empresa ACS y del club Real Madrid, pidió a la Justicia de Luxemburgo el embargo de 315 millones de dólares en activos de la República del Perú. Esta medida responde al impago parcial del laudo emitido por el CIADI, dependiente del Banco Mundial, en el marco de un largo litigio por el proyecto del Metro de Lima.
Ante la negativa de Perú a abonar voluntariamente el importe pendiente no suspendido, la concesionaria —liderada por ACS— inició el 14 de febrero de 2025 el proceso de embargo en Luxemburgo, una de las jurisdicciones europeas más favorables para la ejecución de laudos internacionales.
Los embargos podrían afectar a cuentas bancarias, activos financieros, participaciones en empresas o incluso propiedades del Estado peruano en esa jurisdicción, aunque los detalles aún no han trascendido públicamente. Es probable que los procedimientos avancen en paralelo a las nuevas acciones legales emprendidas por Perú.
En respuesta a la ejecución, el Estado peruano presentó el 26 de febrero de 2025 una solicitud de anulación parcial del laudo, centrada en los denominados ‘Daños Bajo Protesto’, los daños de construcción, y los intereses e imposición en costas sobre esos conceptos.
De forma simultánea, pidió suspender la ejecución completa del laudo, medida que aún está pendiente de resolución por una comisión ad hoc del CIADI, con una decisión esperada para el 15 de octubre de 2025. El fallo sobre la anulación, en cambio, no se espera antes de finales de 2026.
La disputa se originó en enero de 2017, cuando la concesionaria del proyecto —participada por ACS— demandó al Estado peruano ante el CIADI por incumplimientos graves del contrato de concesión, entre ellos, la falta de entrega de terrenos en los plazos previstos y el retraso en la aprobación de estudios técnicos clave. El conflicto escaló rápidamente, con ambas partes reclamando más de 700 millones de dólares en daños.
El 21 de marzo de 2024, el CIADI emitió un laudo que daba parcialmente la razón a la concesionaria. Posteriormente, el 30 de octubre de 2024, el tribunal corrigió varios errores materiales tras una solicitud de la empresa, elevando el importe final de la condena a aproximadamente 456 millones de dólares, más intereses simples al tipo LIBOR +2% desde la fecha del laudo hasta el pago efectivo.
Sin embargo, Perú solo ha pagado 106 millones de dólares, correspondientes a daños financieros exclusivamente a la concesionaria y parte de las costas procesales. Otros 56 millones están actualmente suspendidos por decisión del tribunal arbitral tras la solicitud de revisión del laudo presentada por el Estado peruano el 19 de junio de 2024.
Mientras tanto, la concesionaria puede seguir ejecutando el laudo parcialmente, tal como permite la normativa internacional, dado que sólo una porción está formalmente suspendida.
