La abogada Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, denunció públicamente una serie de presiones políticas que habrían sido coordinadas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, con el objetivo de forzar su salida del cargo.
Carrión presentó como prueba un conjunto de chats y documentos que evidenciarían interferencias directas en su labor, justo cuando su despacho investigaba a la agrupación política Renovación Popular, liderada por López Aliaga, por presunto financiamiento ilícito de campañas con fondos de las constructoras OAS y Odebrecht, en los años en que el partido aún se denominaba Solidaridad Nacional.
“Cuántos pedidos ha hecho el alcalde para que me cesen del cargo. Y acá hay algo bien grave: la agrupación política Renovación Popular, la cual el señor López Aliaga preside, se encuentra investigada en uno de los casos penales que tenemos a cargo”, declaró Carrión.
Según la exprocuradora, se había solicitado la inclusión de Renovación Popular como tercero civilmente responsable en el proceso penal, en una audiencia programada para el 25 de septiembre. La presión para apartarla del cargo se habría intensificado tras la llegada de Santiváñez al Ministerio de Justicia.
“Ingresando al cargo también cambió al representante del Ministerio de Justicia en la silla del Consejo Directivo de la Procuraduría General. Con ese cambio es que finalmente tomaron la decisión el día de hoy (de sacarme)”, afirmó.
Carrión compartió un informe donde se incluye un intercambio de mensajes con Rafael López Aliaga. En uno de ellos, fechado el 30 de mayo de 2025, el alcalde le solicitó que la Procuraduría Ad Hoc se sumara a una demanda internacional presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en Estados Unidos contra la empresa Brookfield, parte de la concesionaria Rutas de Lima.
Aunque Carrión respondió que su equipo evaluaría el pedido, el burgomaestre continuó enviando mensajes que, según ella, constituían órdenes y amenazas:
“Necesito el apersonamiento de tu procuraduría en este grave caso”, escribió el alcalde. Posteriormente, el 1 de junio, insistió con un tono más directo: “Discúlpame Silvana, ¿te puedo llamar? Este tema es URGENTE. Me estás obligando a salir a prensa a denunciar este comportamiento, en contra de la defensa del Estado peruano”.
La exprocuradora también denunció una campaña mediática orquestada para desprestigiarla y presionarla públicamente. Según su informe, medios como Expreso, Willax TV, Canal B y La Noticia, así como figuras vinculadas a Renovación Popular como Katherine Ampuero y Wilber Medina, impulsaron titulares que presentaban su actuación como determinante para “salvar el caso contra los peajes”.
Uno de los mensajes más repetidos fue: “US$ 3,000 millones dependen de Silvana Carrión”, difundido desde el 6 de junio en redes sociales y plataformas digitales, algunas de ellas presuntamente creadas para ataques dirigidos.
La Procuraduría General del Estado finalmente aprobó su salida con votación unánime del Consejo Directivo, integrado por María Caruajulca, Eduardo Guardia Yzaguirre y Juan Cavero Lozano, este último designado por el ministro Santiváñez. Carrión sostiene que esta decisión fue el resultado directo de una intervención política en un proceso judicial en curso.
