A través de un comunicado, Aníbal Morillo Arquero, exgerente de Salud de La Libertad, negó haber recibido información sobre su detención preliminar o haber coordinado su actuación con Óscar Acuña Peralta o personas allegadas al partido político Alianza para el Progreso (APP).
Esto se da, tras la noticia publicada en el diario La República, donde se mencionaba que Morillo y Óscar Acuña recibieron un «soplo» sobre el operativo fiscal, lo que explicaría la supuesta serenidad del exfuncionario al momento de la intervención.
Sin embargo, el exfuncionario aseguró que su comportamiento sereno durante la diligencia de allanamiento en nada puede reflejar un intento previo de coordinaciones y enfatizó que la única coordinación que ha mantenido ha sido la estrictamente profesional con su abogado defensor.
Además, Morillo negó haber tenido comunicación con Óscar Acuña Peralta, sus familiares o personas allegadas a APP, ya sea en Lima o Trujillo, en relación a una detención preliminar, una posible fuga, o apoyo para el proceso penal.
»Estoy aquí afrontando este proceso desde el primer día,» afirmó.
El exgerente Morillo, quien enfrenta una detención preliminar a raíz de una denuncia relacionada con Qali Warma, cuestionó aspectos del manejo fiscal de su caso. Su defensa técnica argumentó que la filtración de datos de la Carpeta Fiscal tenía como finalidad ulterior la detención preliminar.
Señaló que, el 3 de noviembre de 2025—antes de su detención el día 18—se apersonó a la Carpeta Principal 01-2025, recibiendo como respuesta que no existía investigación en su contra. Esto se contradice, según Morillo, con lo expuesto en la audiencia de control de identidad, donde se vinculó la actual Carpeta Fiscal 23-2025 con las Carpetas 01-2025 y 16-2025, alegando una vulneración a su derecho constitucional a la defensa.
Morillo lamentó que, a pesar de que la resolución judicial de detención preliminar reconoció la inexistencia de peligro de fuga, se señalara una supuesta existencia de peligro de obstaculización sin mencionar datos concretos.
De otro lado, cuestionó la exposición de su rostro durante la ejecución del allanamiento y detención preliminar, señalando que, a pesar de la solicitud de su abogado al Fiscal de cumplir con lo establecido por el Tribunal Constitucional de no atentar contra la dignidad de un detenido, el personal administrativo de imagen institucional no cumplió el compromiso.
