Aproximadamente 200 trabajadores, entre obreros y administrativos del municipio de Casa Grande, acudieron a la sede del Poder Judicial en Trujillo, para realizar una manifestación pacífica para exigir a la Quinta Sala Laboral celeridad en la resolución de procesos judiciales que mantienen retenidos cerca de 2 millones de soles, afectando gravemente el pago de sus remuneraciones.
El secretario general del sindicato, Luis Báez, informó que los trabajadores no perciben sueldos desde hace cinco meses, además de adeudos correspondientes a gratificaciones de julio y diciembre, así como el bono de escolaridad.
“Estamos hablando de padres y madres de familia que dependen de su trabajo para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación. Muchos tienen hijos en la universidad y no cuentan con ingresos para sostener sus hogares”, expresó el dirigente.
Según explicaron, el problema se origina por embargos en forma de retención ordenados por el Poder Judicial, derivados de procesos laborales de gestiones anteriores. Estos descuentos se realizan directamente sobre los ingresos que la municipalidad recibe de la empresa Casa Grande, principal fuente de financiamiento para el pago de planillas.
Durante el 2024, 2025 y en este trimestre del año, las retenciones han alcanzado aproximadamente 1 millón 979 mil soles, lo que ha dejado sin liquidez a la municipalidad distrital para cumplir con sus obligaciones laborales.
El alcalde del distrito, John Roman Vargas Campos, señaló que, si bien se respeta el derecho de los trabajadores que iniciaron acciones judiciales, considera que las medidas adoptadas han sido desproporcionadas.
“No es posible que se retenga casi la totalidad de los ingresos, cuando la norma establece límites. Esto está afectando directamente a más de 200 trabajadores que hoy no pueden recibir sus sueldos”, manifestó la autoridad edil.
Asimismo, el burgomaestre exhortó a las magistradas de la Quinta Sala Laboral resuelvan con prontitud los expedientes y consideren el impacto social del caso. “No se trata solo de números, se trata de personas, de familias que viven de su trabajo”, enfatizó.
Los trabajadores también indicaron que ya han sostenido reuniones con representantes del Poder Judicial, incluyendo a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes se habrían comprometido a evaluar el caso.
Fuente: ValleNoticias
