Durante una visita de control a la obra de construcción del colegio San Nicolás de Huamachuco, cuya inversión supera los S/ 59 millones, la Contraloría General de la República advirtió retrasos en la evaluación y aprobación de los adicionales de obra solicitados, situación que podría afectar el cumplimiento del plazo para la culminación proyecto y el oportuno funcionamiento de la infraestructura educativa, que beneficiará a 3168 estudiantes de la provincia de Sánchez Carrión.
El riesgo advertido evidencia un problema de gestión de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional (GORE), entidad a cargo de la obra, debido a la demora en evaluar los adicionales requeridos por la empresa ejecutora. Esta situación cobra especial relevancia considerando que el GORE tiene 58 inversiones en educación en ejecución y con avance financiero, lo que demanda una adecuada gestión y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos de sus proyectos.
El gobierno regional mantiene más de S/ 1 354 millones comprometidos en estos 58 proyectos de inversión educativa, que en algunos casos están en etapa de elaboración de expediente técnico, así como aquellos cuyos documentos culminaron este año y hasta la fecha permanecen pendientes de convocatoria para iniciar la ejecución física de la obra, según información de Consulta Amigable y el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La visita de control al colegio San Nicolás forma parte del despliegue de la Contraloría en cinco provincias de La Libertad, donde equipos especializados de las subgerencias de Control de Megaproyectos; Salud, Social y Cultura; Transportes y Comunicaciones; y Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto con la Gerencia Regional de Control, vienen supervisando desde el lunes último diferentes inversiones y servicios públicos, entre ellos los que se brindan en el hospital Leoncio Prado de Huamachuco.
Este nosocomio es el principal establecimiento de referencia para las provincias de Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz, con una población beneficiaria directa de 173 699 habitantes. Su capacidad de atención se extiende indirectamente a más de 190 000 pobladores, al considerar la demanda de emergencia de provincias vecinas. En este contexto, la Contraloría advirtió deficiencias en el abastecimiento de agua, que incluso obligan al personal médico y asistencial a utilizar baldes en las salas de operaciones.
Asimismo, se constató que la ropa de cama de los pacientes es secada al sol en una zona de tránsito de personas, situación que compromete las condiciones de higiene y genera riesgo de contaminación cruzada. Estas deficiencias resultan especialmente relevantes debido a que el hospital está ubicado en un espacio expuesto a lluvias intensas, huaicos y heladas, y constituye un punto de respuesta para atender heridos y enfermedades asociadas a estos eventos, como las infecciones respiratorias.
En Cascas, la Contraloría constató que sus pobladores continúan exponiéndose al peligro al transitar por un paso improvisado tras el colapso del puente Baños Chimú, el 17 de febrero último, e incluso cruzan el río ante la falta de señalización que impida el acceso a la estructura afectada. En marzo, Provías Descentralizado y el GORE anunciaron un puente modular de reemplazo; sin embargo, este continúa sin fecha de reposición y la población sigue utilizando un paso vulnerable a nuevas crecidas.
Asimismo, se verificó que los elementos estructurales del puente modular sin instalar ya presentan signos de corrosión antes de entrar en servicio. Los elementos de acero de este puente tipo Harzone permanecen directamente sobre el suelo y expuestos a agentes ambientales, sin condiciones adecuadas de protección y almacenamiento. Esta situación podría deteriorar los materiales, afectar su desempeño durante la ejecución de la obra y generar mayores costos por reposición o tratamientos correctivos.
