El pasado 7 de septiembre, Hernán Sánchez Carrascal presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue la contratación y utilización de 5 locadores de servicios de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad, quienes fueron captados participando en actividades de campaña política en favor del candidato al Gobierno Regional por Podemos, Elías Rodríguez.
El documento toma como referencia una publicación difundida por Macronorte.pe el 6 de septiembre, en la que se informó que cinco locadores de la Gerencia Regional de Trabajo habrían sido captados realizando actividades proselitistas a favor de Rodríguez. Según la denuncia, la propia gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Melissa Noelia Reyes Araujo, confirmó públicamente que las personas identificadas mantienen una relación contractual con la entidad.
La funcionaria explicó que los locadores no cuentan con un horario fijo ni están sujetos a subordinación y señaló que habría solicitado información para determinar eventuales responsabilidades.
Sin embargo, para el denunciante, esta situación amerita una revisión de la documentación contractual y de los pagos efectuados con recursos públicos. Por ello, pide que se determine si las actividades consignadas en los términos de referencia, informes y conformidades coinciden realmente con los servicios prestados por los locadores.
Uno de los principales puntos que la Contraloría debería esclarecer, según la denuncia, es si existió algún condicionamiento, exigencia o coordinación para que determinados locadores participaran en actividades políticas como parte de su relación con la entidad.
También se solicita verificar si los contratos fueron utilizados bajo la apariencia de servicios para la Gerencia Regional de Trabajo mientras las personas contratadas realizaban total o parcialmente actividades de proselitismo político.
Entre otros aspectos, la denuncia pide revisar quiénes solicitaron y sustentaron las contrataciones, qué funcionarios otorgaron las conformidades y quiénes tramitaron o autorizaron los pagos.
Asimismo, plantea comparar las actividades declaradas por los locadores con las fechas, lugares y circunstancias en las que habrían sido registrados participando en actividades de campaña. También solicita revisar si existieron renovaciones sucesivas o contrataciones reiteradas que puedan resultar relevantes para establecer la finalidad y regularidad de los servicios.
La denuncia solicita que, de encontrarse irregularidades, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o las que correspondan. En caso de advertirse indicios de ilícitos penales, pide que se proceda conforme a las competencias legales y se comunique el caso a las autoridades correspondientes.
Es de señalar que Sánchez Carrascal también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a fin de que inicie una investigación sobre este caso.
