La Gerencia Regional de Salud (GERESA) La Libertad, bajo la gestión del gerente Gerardo Florián Gómez, vuelve a estar en cuestionamiento por el manejo de un proceso de contratación destinado al mantenimiento y adecuación de ambientes del Hospital Regional Docente de Trujillo, cuyo valor referencial ascendía a S/ 585,814.34.
El caso se inició el 3 de junio, cuando la entidad convocó el proceso de licitación para contratar el mencionado servicio, sin embargo, un mes después, el 3 de julio, la Contraloría advirtió una irregularidad en las bases del procedimiento, debido a que el comité de selección había considerado “obras” como “servicios similares”, pese a que, según la observación del órgano de control, ello contravenía las disposiciones establecidas en las bases estándar de obligatorio cumplimiento.
El comité de selección a cargo de este cuestionado proceso de licitación estuvo integrado por Waldir Reyes Tineo (presidente), Raúl Alexander La Rosa Briceño (primer miembro) y Javier Alejandro Cruz Llatas (segundo miembro).
Pese a la advertencia de la Contraloría, el procedimiento continuó, y el 21 de julio, la GERESA otorgó la buena pro al Consorcio Los Andes, integrado por las empresas Villatek Contratistas Generales E.I.R.L. y Alter Group Ingenieros S.A.C.
No obstante, esta decisión fue cuestionada por el Consorcio RYR, conformado por Corporación Roles E.I.R.L. e Ingeniería Construcción, Minería S.A.C., quien el 7 de agosto presentó una apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP).
Es así que, tras revisar los argumentos presentados por el apelante, el 25 de agosto, el Tribunal dispuso revocar la buena pro y descalificar al Consorcio Los Andes, así como, descalificar al Consorcio Salud, quien obtuvo el segundo lugar de orden de prelación.
Además, resolvió revocar la decisión de la GERESA de tener por descalificada la oferta del Consorcio RyR, y dispuso que el comité de selección continue con la calificación y evaluación de su oferta, y de corresponder, darle la buena pro.
Con fecha 31 de agosto del 2026, la GERESA retrotrajo el procedimiento de selección y dispuso que el otorgamiento de la buena pro se ejecutará el 4 de setiembre del 2026.
Sin embargo, el 18 de septiembre, la GERESA decidió anular el proceso de licitación, utilizando como argumento la observación formulada por la Contraloría el 3 de julio respecto de las bases del procedimiento.
Es decir, la misma observación que había sido advertida antes de la adjudicación de la buena pro terminó siendo invocada posteriormente para anular todo el proceso, luego de que este ya había atravesado una adjudicación, una apelación y una decisión del Tribunal de Contrataciones Públicas para que califique la oferta del Consorcio RyR.
Ante estos hechos, se plantea la necesidad de que la Fiscalía evalúe la documentación correspondiente y determine si existen elementos que ameriten una investigación fiscal, particularmente respecto de la elaboración y aprobación de las bases, la actuación del comité de selección, el otorgamiento inicial de la buena pro y las razones que sustentaron la posterior anulación del procedimiento.
Esto, debido a que resulta necesario establecer por qué la observación del órgano de control terminó siendo utilizada casi dos meses después como sustento para anular el proceso, precisamente cuando la contratación se encontraba nuevamente en una etapa decisiva tras la resolución del Tribunal de Contrataciones Públicas.
