GRELL dispone aplicación de norma que promueve el uso responsable de celulares en colegios

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La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) dispuso la aplicación y ejecución de la Ley N.° 32385 y su reglamento en las 15 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región, con el propósito de regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos similares en las instituciones educativas públicas y privadas, así como en los programas educativos de Educación Básica Regular (educación primaria y educación secundaria) Educación Básica Especial y Educación Básica Alternativa.

La medida busca favorecer el rendimiento escolar, fortalecer la socialización y el desarrollo integral de los estudiantes, así como contribuir a la generación de ambientes educativos seguros y reducir la exposición a contenidos inadecuados durante la jornada escolar.

El uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares estará permitido durante el 1) proceso de enseñanza y aprendizaje , cuando el director o docente lo autorice y lo requiera la programación curricular; ante 2) barreras educativas temporales o permanentes que dificulten la participación del estudiante en la comunidad educativa, previa autorización escrita del director, quien deberá verificar la necesidad; 3) cuando el estudiante lo necesite por motivos de salud , condición o discapacidad, debidamente acreditados; y en 4) situaciones de emergencia que comprometan la vida, integridad, salud o seguridad de los estudiantes y justifiquen su uso inmediato.

La norma también promueve campañas de sensibilización dirigidas a directivos, docentes, estudiantes y familias para prevenir el ciberacoso y otras situaciones que puedan afectar la intimidad, la integridad personal y la libertad sexual de los escolares. Asimismo, busca fortalecer las competencias digitales y fomentar el uso seguro y responsable de la tecnología, contribuyendo a una convivencia escolar saludable.

La GRELL dispuso a las UGEL de La Libertad la aplicación de esta normativa, con el propósito de que las disposiciones sean implementadas en las instituciones educativas públicas y privadas de sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con las responsabilidades de cada instancia de gestión educativa descentralizada.