Cuestionan a directora de Ugel Pataz por presunta demora en firma de sanción a servidora

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La directora de la UGEL Pataz, Toribia Iraida Medina Rosas, estaría demorando la firma de una resolución de sanción administrativa contra la servidora Liz Milagros Baras Caballero, según información puesta en conocimiento de las autoridades.

De acuerdo con los documentos relacionados con el caso, el proyecto de resolución se encontraría en el despacho de la directora desde marzo de 2026. Sin embargo, pese a que han transcurrido más de seis meses, el documento aún no habría sido firmado.

El caso fue comunicado al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL). La admisión de la denuncia habría sido formalizada mediante la Carta N.° 000018-2026-CG/OC5342, de fecha 17 de agosto de 2026. No obstante, según la información disponible, hasta el momento no se habría recibido una respuesta sobre las acciones adoptadas.

La situación genera preocupación debido a que la presunta falta materia del procedimiento podría prescribir el 23 de octubre de 2026. De confirmarse ese plazo, la demora podría poner en riesgo la posibilidad de imponer una sanción, siempre que no se adopten oportunamente las medidas que correspondan conforme a ley.

Asimismo, la falta de actuación o una eventual demora injustificada podrían dar lugar a cuestionamientos sobre el cumplimiento de los deberes funcionales de la directora. De existir elementos que lo sustenten, los hechos también podrían ser evaluados en el marco de una investigación por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, contemplado en el artículo 377 del Código Penal.

Ante esta situación, corresponde al OCI esclarecer los hechos, informar sobre las diligencias realizadas y determinar si existen responsabilidades administrativas o indicios de relevancia penal.

Cabe precisar que las presuntas irregularidades y cualquier posible responsabilidad deberán ser determinadas por las autoridades competentes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido procedimiento.