El contralor general, Nelson Shack, reveló que identificaron a 4,212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional quienes habrían recibido canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales.
En conferencia de prensa, Shack Yalta precisó que el cruce de información en línea del portal “Monitor de control y transparencia COVID-19” con la data de diversas entidades del Estado permitió conocer que 1,055 funcionarios y servidores públicos tienen ingresos netos que oscilan entre los S/ 1,200 y S/ 2,000 mensuales, otros 2,477 reciben entre S/ 2,001 y S/ 3,000, y 627 registran ingresos entre S/ 3,001 y S/ 5,000.
«Sorprende que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los S/ 5,000 figuren en el registro de beneficiarios de canastas, las cuales nunca debieron recibir por no encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Incluso hay dos funcionarios que perciben ingresos superiores a S/ 10,001 mensuales”, detalló.
A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados con la entrega de canastas de víveres se ubican en Lima con un total de 583 (14% del total). Le siguen las regiones de Loreto con 11% (482), Piura con 9% (370), Junín (252), Cusco (239), Huancavelica (219), Ayacucho (207), Áncash (203), La Libertad (200) y Apurímac (198).
Medidas que se tomarán
Shack Yalta anunció que la Contraloría General iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos a fin de determinar posibles responsabilidades.
Además, adelantó que entregará al Ministerio Público la información sobre estos 4,212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan.
