La Contraloría General de la República, mediante Informe de Visita de Control N° 021-2023-OCI/3614-SVC, advierte que la Municipalidad Provincial de Gran Chimú designó directivo público de libre designación y remoción, sin acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso de funcionarios y servidores públicos idóneos para el puesto, que conlleven al cumplimiento de los fines institucionales.
El citado informe precisa que el profesional designado en el cargo de confianza “jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial”, no cumple con el perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones – 2018, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 075-2018-MPGCH-C y Ordenanza Municipal N° 017-2018-MPGCH-CM de 27 de setiembre de 2018, el cual establece que el director de Sistema Administrativo II debe contar con título profesional Universitario de Contador Público Colegiado, Licenciado en Administración de Empresas, o afín.
Es de señalar, que el pasado 3 de julio del año en curso, mediante Resolución de Alcaldía N° 161-2023-MPGCH/GM, se designó a un profesional, en cargo de confianza de jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, no obstante, de la revisión del legajo del colaborador, éste tiene la profesión de “Ingeniero informático”, conferido por la Universidad Nacional de Trujillo.
En ese sentido, el profesional no reúne con uno de los requisitos del perfil para el cargo de jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial y no le correspondía ocupar dicho cargo, además no se advirtió en su legajo el informe de evaluación de cumplimiento o no cumplimiento, el cual debió ser emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Entidad.
Asimismo, el órgano de control precisa que el municipio provincial no acreditó la revisión de la información contenida en registros y plataformas para la verificación de impedimentos para el acceso a la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción, asimismo, no se advierte la presentación de declaraciones juradas de no tener impedimentos o no se evidencia su verificación posterior en caso hayan realizado su presentación, situación que puede afectar la continuidad del correcto proceso de designación de dichos directivos.
De la revisión a la documentación alcanzada por el jefe de Recursos Humanos10 que contiene los legajos de los directivos públicos de libre designación y remoción del segundo nivel organizacional, en los cargos y/o puestos de: Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Gerente de Desarrollo Económico Local, Gerente de Desarrollo Social y Servicios Comunales, Gerente de Administración y Tributación, Jefe de Recursos Humanos11, Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial12 y Jefe de la Oficina de Tesorería, no se evidenció que se haya cumplido con la verificación de los grados o títulos profesionales que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Grados y Títulos, administrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), o en el Registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero, administrado por SERVIR.
Asimismo, no se evidenció documentos que acrediten la verificación de la información proporcionada por la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDJUM) y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Aunado a ello, no se evidenció la presentación de la Declaración Jurada de no tener impedimentos para ser designado funcionario público o directivo público de libre designación y remoción, en el marco de la Ley N° 3141913 o la documentación que acredite su verificación posterior en caso hayan realizado su presentación, cómo se resume en el siguiente cuadro:
Finalmente, la Contraloría informa que la gestión de Diber Pérez Rodríguez mantiene desactualizado el cuadro para Asignación de personal – CAP, el Manual de clasificador de Cargos; situación que impediría contar con directivos acordes con los fines públicos que persigue su contratación en la administración pública.
