La Contraloría de la República, mediante Informe de Visita de Control N° 15720-2023-CG/GRLIB-SVC, señala que la Municipalidad Distrital de Moche no acreditó la revisión de la información contenida en registros y plataformas para la verificación de impedimentos para el acceso a la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción, asimismo, no se advierte la presentación de declaraciones juradas de no tener impedimentos o no se evidencia su verificación posterior en caso hayan realizado su presentación, situación que puede afectar la continuidad del correcto proceso de designación y remoción de dichos directivos.
El municipio a través de Oficio N° 084-2023-GM-MDM de 18 de julio de 2023 remitió a la Comisión de Control, la relación de directivos de libre designación y remoción del segundo nivel organizacional, tal como se muestra a continuación:
De la información alcanzada por la municipalidad, entre los cuales están los legajos personales, específicamente el Informe N° 035-2023-O.RR.HH.-MDM de 24 de enero de 2023, emitido por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, y dirigido al gerente municipal, donde informó sobre la verificación de requisitos mínimos establecidos por la Ley N° 31419 en los perfiles de los gerentes de la Municipalidad Distrital de Moche. Al respecto, el citado informe indica de manera independiente: “no cuenta con impedimento de acceso a la función pública”. Asimismo, concluye, tras su análisis individual respectivo, que la totalidad de funcionarios cumplen los requisitos mínimos establecidos en la citada ley. Añadido a ello, el informe solo anexa el “cálculo de experiencia laboral” junto con la hoja de vida de los funcionarios.
Es de señalar, que el mencionado informe en el párrafo precedente solo indica textualmente “no cuenta con impedimento de acceso a la función pública” en el caso de 8 de los 10 funcionarios ya mostrados. El municipio no acreditó de manera documentada la fecha de consulta y la búsqueda en los registros y plataformas para la verificación de impedimentos para el acceso a la función pública. Asimismo, no se advierte la presentación de declaraciones juradas de no tener impedimentos, pudiendo afectar la correcta designación y remoción de dichos directivos.
De otro lado, el ente contralor entidad mantiene desactualizado el cuadro para asignación de personal – CAP, el manual de clasificador de cargos; situación que impediría contar con directivos acordes con los fines públicos que persigue su contratación en la administración pública.
Otro punto que manifiesta la Contraloría, es que el alcalde mochero, Rober Chávez designó a Elsita María Valiente Saldarriaga, en el cargo de Gerente de Desarrollo Económico, sin acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al cumplimiento de sus fines institucionales, puesto que, en su legajo personal no cuenta con el sustento documental suficiente que asegure el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ocupar dicho cargo, y en base a la documentación proporcionada ˙nicamente se pudo dar como válida para ser contabilizada la siguiente:
De manera que, al verificar si se satisface la experiencia solicitada, se obtuvo lo siguiente:
Sobre lo expuesto, se evidencia que no se cubre el tiempo de experiencia requerido en el Reglamento de la Ley, el cual constituye en un requisito mínimo para ocupar el puesto.
Finalmente, en este informe de Contraloría se resalta que Municipalidad Distrital de Moche aprobó la actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) (2018) pese a que el marco normativo para ello se encuentra derogado, afectando la legalidad del instrumento de gestión y generando omisiones e incumplimiento de la normativa vigente.
Se identificó la Resolución de Alcaldía N° 017-2018-MDM de 15 de enero de 2018, que formaliza lo acordado en el Acuerdo de Concejo N° 03-2018-MDM de 15 de enero de 2018, que aprobó por unanimidad la actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF), sin embargo, esta actualización no tiene sustento legal y se mantiene vigente la normativa de 2014, según Contraloría.
