La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República, Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Policía Nacional y gobiernos regional a intensificar la lucha contra la minería ilegal, debido a sus graves consecuencias ambientales, económicas y socioculturales, así como las amenazas dirigidas contra los defensores ambientales.
En esa línea, Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que la institución alista una nueva supervisión nacional a las direcciones de energía y minas o quien haga sus veces de los 25 gobiernos regionales y a las fiscalías especializadas en materia ambiental, con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de sus competencias y funciones en la materia.
Vásquez informó que a la fecha existan 87 148 titulares mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales un 79 % (69 157) se encuentran suspendidos y solo un 21% (17 991) con título vigente. Mientras tanto, más de 69 000 mineros podrían estar operando con total impunidad pese a encontrarse suspendidos en el Reinfo, sin cumplir con las mínimas exigencias, contaminando el ambiente, los recursos naturales y vulnerando derechos fundamentales, debido a una débil, y en algunos casos inexistente, supervisión por parte de las autoridades competentes y la falta de mejoras normativas al respecto.
