La Fiscalía confirmó que las muertes ocurridas en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte durante diciembre del 2022 a inicios del 2023, se originaron bajo la orden de palacio de Gobierno.
La fiscal Rosa Retamozo del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales informó que los oficiales de la Policía Nacional usaron inapropiadamente sus armas de fuego contra los manifestantes. Según señala, los efectivos usaron sus armas con el consentimiento de sus superiores, actuando bajo las directrices de la cadena de mando que inicia en la presidenta Dina Boluarte.
El informe de la citada fiscal se suma a la de sus colegas de Ayacucho, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y otras localidades, donde se han abierto investigaciones contra autoridades militares y policiales por el homicidio de manifestantes.
Los fiscales señalan que los altos mandos de la PNP estaban en condiciones de impedir que sus subordinados usen sus armas de fuego, sin embargo, no lo hicieron, situación que dejó un total de 50 fallecidos. Además, para la fiscalía, no existió motivo alguno para disparar a los manifestantes que ejercían su libre derecho.
Por tal motivo también se abrió una investigación contra el jefe del Frente Policial Apurímac, general PNP Luis Flores Solís, jefe del Frente Policial Apurímac, coronel PNP Alexis Luján Ruíz, el comisario de Chincheros, mayor PNP Carlos Cuya Campos, y el teniente PNP Litman Peña Pacheco.
“Cabe precisar que aun cuando, en el marco de las protestas o manifestaciones efectuadas en la provincia de Chincheros (Apurímac), ciertos grupos o personas que estuvieron presentes, pudieron haber realizado actos de violencia en los locales de las instituciones públicas; sin embargo, dicha situación no autoriza ni permite a las fuerzas policiales a disolver dichas manifestaciones a través del uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, que se materializó con el uso de armas de fuego letales, al haberse realizado de manera indiscriminada al cuerpo de las personas. Más aún, cuando no se tenía plenamente identificados a los responsables de los actos, afectando gravemente a menores de edad”, precisa en su resolución la fiscal Retamozo.
