Esta mañana, el Concejo Municipal de Trujillo por mayoría declaró infundado el recurso de reconsideración de vacancia contra el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, que fue presentado por el abogado Fernando Calderón Burgos.
Tras esta postura de los regidores, el letrado señaló que el Concejo Municipal está siendo excesivamente garantista en el proceso de vacancia contra la polémica autoridad edil.
“Hay que entender que el Consejo es un ente político, no es un ente técnico, estamos en un estado de derecho donde tenemos que respetar la decisión de nuestros representantes. No obstante, prefiero pensar que están siendo excesivamente garantistas, más allá que su voto haya sido motivado por algún sentimiento o una emoción timorata hacia el alcalde suspendido”, manifestó en Macronorte.pe.
“La causal está debidamente acreditada, el señor pidió su rehabilitación y su sentencia tiene la condición de cosa juzgada, por lo tanto, tiene el estado de consentida y ejecutoriada. Esta sentencia no va poder ser variada, no puede ser revisada ni cambiada, pero además de ello, el 11 de julio la Corte Suprema ha declarado infundado el recurso de queja, con lo que refuerza más nuestra posición que ya no solo la sentencia está consentida y ejecutoriada, sino que ya no existe pronunciamiento pendiente en la vía ordinaria, por lo tanto, en este caso, en la particular situación jurídica del alcalde suspendido convergen los dos requisitos del artículo 22 inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades que tiene una sentencia consentida y ejecutoriada, por lo que correspondería ser vacado”, acotó.
Calderón Burgos señaló que ya agotó el proceso en la vía administrativa y que apelará esta decisión del Concejo Municipal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el próximo lunes 12 de agosto.
“Ya hemos zanjado la parte administrativa, hay que tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones en este proceso (especialmente con esta autoridad) ha sido bastante garantista, en el aspecto de querer respetar el agotamiento de la vía administrativa ante el Consejo Municipal, pues bien, en esta situación por mi parte ya se da agotada cualquier intervención de la parte administrativa, porque ya se planteó la reconsideración ante el mismo Concejo por un tema de estrategia legal”, manifestó Fernando Calderón.
“Con ello agotamos la vía administrativa y formulamos la apelación, ya con los medios de prueba incorporados en el expediente. Si hablamos del punto de vista particular, yo podría decir que me beneficia la decisión del Concejo, porque ya puedo acudir a la parte jurisdiccional que es quien tiene la última palabra en instancia electoral. La apelación tiene 15 días para presentarse y el JNE una vez formulada la apelación tiene el plazo de 30 días, los cuales corren a partir del día que se eleva el expediente. La apelación la voy a presentar directo al Jurado para que en tres días debe requerir el expediente y a partir que es elevado por el Concejo ya se cuenta el plazo de 30 días hábiles. La apelación la presentaré a más tardar el lunes”, aseveró.
