La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que establece penas de prisión de entre 2 y 4 años para quienes, de manera dolosa y sin fines económicos, amenacen a otra persona o a su familia con causarles daños que constituyan delitos de homicidio.
Estas amenazas, realizadas por teléfono, plataformas de mensajería o cualquier otro medio de comunicación, serán reprimidas con la pena privativa de libertad mencionada.
Además, el dictamen incluye sanciones por amenazas de causar lesiones, aborto, tortura, afectaciones a la libertad sexual, intimidad, honor, patrimonio o integridad moral.
Esta propuesta, presentada por la congresista Rosangella Barbarán Reyes, busca modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 151-B.
