Jorge Barata, ex gerente general de Odebrecht en el Perú esta dispuesto a contarlo todo al Ministerio Público, así lo dio a conocer en un escrito que el abogado brasileño Carlos Kauffmann remitió a la oficina de cooperación judicial internacional de Brasil.

Sin embargo, esta colaboración podría truncarse debido a que la procuraduría ad hoc no ha firmado hasta el momento el acta de cooperación judicial, lo que haría imposible que Barata detalle el pago de coimas a funcionarios y políticos peruanos.

Se ha confirmado que el ex CEO de Odebrecht en el Perú ha puesto como condición para que pueda brindar su declaración testimonial, que el procurador ad hoc para el caso Odebrecht en el Perú, Jorge Miguel Ramírez, firme un compromiso de no utilizar sus declaraciones para perseguirlo judicialmente, embargar sus cuentas o accionar en contra de Odebrecht.

Luis Antonio Mameri, el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, también se ha sumado a este requerimiento.

Por ahora solo la Fiscalía de Lavado de Activos y el Equipo Especial del caso Odebrecht en el Perú se han comprometido a no perseguir a Barata, Mameri y a Odebrecht por sus declaraciones. La procuraduría ad hoc se ha mantenido al margen.

La carta del abogado Carlos Kauffmann llegó el 1° de febrero a la procuradora regional y secretaria de cooperación internacional de Brasil, Cristina Schwansee Romanó, para pedirle que comunique a las autoridades peruanas la necesaria participación de la procuraduría ad hoc en el proceso de cooperación judicial, de lo contrario esta no se concretará.

Esta situación podría frustrar la declaración de Jorge Barata programada para fin de mes y esto beneficiaría al presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Keiko Fujimori y otros personajes vinculados al caso de megacorrupción.

 

Las declaraciones del procurador Ramírez al programa “Cuarto Poder” sobre “adoptar medidas coercitivas de carácter patrimonial contra los colaboradores eficaces, para la reparación civil”, ha jugado en contra de los esfuerzos de la Fiscalía para conocer el entramado de corrupción que creó Odebrecht en el Perú.

Las declaraciones del procurador Ramírez al programa “Cuarto Poder” sobre “adoptar medidas coercitivas de carácter patrimonial contra los colaboradores eficaces, para la reparación civil”, han jugado en contra del Ministerio Público.

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