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El organismo Proética revisó los planes de gobierno de los 17 candidatos al Gobierno Regional de La Libertad y constató que existe poco interés por enfrentar la corrupción con planes sistematizados.

La brigada anticorrupción, grupo de trabajo de Proética, descubrió que 13 de los 17 candidatos a gobernar los destinos de La Libertad no han tenido en cuenta propuestas anticorrupción en sus planes de gobierno, ellos son Julio César Moran (Apra), Geanmarco Quezada (Fuerza Popular), Lenin Bázan (Frente Amplio), Oscar Portilla (Perú Nación), Pedro Carrera (Avanza País), Juan Burgos (Restauración Nacional), Rudy Gonzáles (Democracia Directa), Julio Miyamoto (MDSH), Wilfredo Díaz (Perú Libertario), Yuri Armas (Acción Popular), Miguel Rodríguez (Súmate), Jorge Urtecho (Podemos Perú) y Ricardo Gonzáles (Nueva Libertad).

Los que si han cumplido, aunque no de la forma deseada, son Manuel Llempén (Alianza Para el Progreso), quien propone la implementación de un Plan Regional de Participación Ciudadana, fortaleciendo a los actores y líderes sociales con aptitudes y capacidades para la participación y vigilancia ciudadana y acceso a la información.

Roberto Angulo (Juntos por el Perú), también hace referencia en su plan de gobierno de una propuesta contra la corrupción, «Participación de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Control, mediante mecanismo de participación ciudadana. Establecer organizaciones de base de control ciudadano en cada una de las provincias de la región con voluntarios de todos los estamentos sociales de cada localidad y la participación de agentes extranjeros voluntarios», señaló en su plan de gobierno.

«Fortalecer las políticas Anticorrupción, llegando a minimizarlos a través de programas de control permanente interno y abierto al ciudadano transparencia total», es lo que propone escuentamente el plan de gobierno de Mesías Ramos (Somos Perú).

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Alejandro Santa María propone en su plan de gobierno implementar un sistema denominado «Shock anticorrupción» consistente en el recogimiento de denuncias premiadas de carácter anónimo en las diversas gerencias a fin de poner en evidencia a los malos funcionarios y desarrollar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a través de tecnologías de información para un gobierno electrónico abierto y eficaz.

«Del análisis nos hemos percatado que la mayoría no ha elaborado un plan anticorrupción que se pueda implementar, creemos que eso todavía es posible subsanarlo y la idea es que quién asuma el gobierno arranque con buen paso, con objetivos claros y resultados medibles», sostuvo Carlos Arroyo, coordinador del Programa de Veedurías Ciudadanas de Proética.

El JNE sugiere la presentación de las propuestas de los planes de gobierno en cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional, las políticas anticorrupción ocupan este último ítem.

 

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