El Gobierno Central piensa dilatar lo más que pueda el otorgamiento del salvoconducto al expresidente Alan García, si es que Uruguay le entrega asilo político. Cómo se sabe, el aprista está investigado por supuestamente haber recibido 100 mil dólares de Odebrecht a cambio de dictar una conferencia en Brasil el 2012.
El Ejecutivo considera que el otorgamiento del salvoconducto supondría la admisión que García es un perseguido político. Sin embargo, la información fue negada por el mismo presidente Martín Vizcarra, quien afirmó que espera la respuesta de Uruguay y dicho gobierno.
Especialista del Ejecutivo recordaron que el artículo tercero de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 estable que no es lícito su concesión en el caso de delitos comunes.
A esto debemos sumar la firma de los compromisos de la Cumbre de las Américas 2018, cuando los presidentes acordaron luchar a nivel regional contra la corrupción.
«Lo que se tendría que analizar en este caso es el pedido que haga Uruguay. Dependerá de cómo haga ese requerimiento; es un poco difícil saber ahora cómo lo motivará. Cuando recibamos la nota, nos tomaremos todo el tiempo necesario para hacer el análisis», dijo el vicecanciller Hugo de Zela.
