Durante los cuatro días en los que se realizó la labor de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General de la República supervisó el estado de los procesos de adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres en 254 municipalidades a nivel nacional a favor de las poblaciones vulnerables que son afectadas por el aislamiento social decretado a raíz de la presencia del coronavirus (COVID-19).

Del total de municipalidades intervenidas, 48 corresponden a jurisdicciones provinciales, mientras que 206 son distritos de todas las regiones del Perú, las cuales fueron visitadas por más de 400 auditores que portaban sus respectivos equipos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

En Áncash se visitaron las municipalidades provinciales del Santa, Huaraz, Carhuaz y Recuay; de los distritos de Nuevo Chimbote, Independencia, Jangas, Taricá, Marcará y Ticapampa.

Las intervenciones, que continuarán durante la próxima semana y siguientes, también se realizaron en las regiones de San Martín (36), Puno (19), Arequipa (16), Lambayeque (15), Ica (13), Cusco (10), Amazonas (10), Lima Provincias (7), Apurímac (7), Moquegua (6), Junín (6), Tacna (5), Ucayali (5), Huancavelica (5), Ayacucho (5), Huánuco (5), Tumbes (4), Piura (4), La Libertad (4), Loreto (4), Pasco (4), Madre de Dios (2) y Cajamarca (2). En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se visitaron un total de 50 municipalidades.

A nivel nacional, el acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.

Entre los hechos detectados, al momento de la visita de los auditores, destacan que 85 municipalidades (35%) registraron demora en la convocatoria de procesos para adquirir los víveres, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos. El 50% (125) de municipios se encontraban en la fase de implementación de los procesos de compra de víveres y la distribución de canastas.

En menor medida pero no menos importante se evidenciaron casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos y productos que no garantizan inocuidad y ausencia de funcionarios responsables al momento de la visita, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.

En Áncash, de las 10 municipalidades supervisadas, 4 de ellas no habían iniciado el proceso de selección del proveedor de las canastas; y las 6 que se encontraban en la fase de implementación de los procesos de adquisición de los víveres y de distribución no registraron la información de tales procesos en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó la Contraloría. Además, en 4 municipios se detectaron deficiencias en la distribución de canastas (falta de padrones de beneficiarios y actas de entrega, padrones desactualizados, entre otros).

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