El proyecto Virú Mar seguirá siendo una iniciativa irrealizable debido a los serios vicios detectados durante su gestación administrativa en el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL). Macronorte.pe accedió al dictamen de la Comisión Investigadora del Consejo Regional de La Libertad encargada de realizar un estudio, indagación y análisis de los hechos relacionados a la venta de 415,77 hectáreas de terreno del «Área de reserva Proyecto Virú Mar – Sector Guañape – Virú – Distrito de Virú», de propiedad del Proyecto Especial Chavimochic.

El grupo de trabajo, que está presidido por Mirtha Higa, ha detectado graves irregularidades durante la aprobación de la venta de las tierras y la firma del contrato, por lo que recomienda al gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, autorizar a la Procuraduría Pública Regional denunciar a su antecesor en el cargo, Luis Valdez, a los consejeros regionales del periodo 2015-2018 y a otros exfuncionarios por presuntamente estar inmersos en varios delitos.

Iniciar acciones legales ante el Poder Judicial, con la finalidad de que declare la nulidad de la escritura de compra venta de las tierras entre el Gobierno Regional de La Libertad y Corporación Valle Alto SAC, integrante del Consorcio Virú Mar, el contrato de desarrollo inmobiliario para la ejecución del proyecto con el mencionado consorcio y la inscripción de propiedad inmueble del predio a  favor  de la Corporación Valle Alto SAC.

Además, los consejeros integrantes de la comisión están a favor de que los hallazgos de su trabajo sean remitidos al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para la determinación de responsabilidades penales y administrativas.

La comisión ha logrado determinar que cuando el Consejo Regional de La Libertad, el 31 de agosto de 2017, aprobó el Acuerdo Regional N° 077-2017-GRLL/CR, para la continuación del procedimiento de la iniciativa privada Virú Mar; los consejeros regionales no estaban obligados por mandato judicial para que realicen la adjudicación directa de la iniciativa privada de inversión.

«No solamente se trata de los exfuncionarios, liderados por el exgobernador Luis Valdez, sino también de los exintegrantes del Consejo Regional, porque aprobaron un acuerdo que no tenía los sustentos técnicos conforme ya se ha podido verificar en esta investigación que nos ha llevado un tiempo bastante amplio, pero que hemos podido concluir con documentos muy importantes que hemos logrado obtener y de ninguna manera ese acuerdo debió darse, los contratos no debieron suscribirse y en consecuencia las acciones irían en contra del exconsejo regional, en caso esto sea aprobado por el pleno», opinó el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz.

«El plazo otorgado en el Acuerdo Regional N° 077-2017-GRLL/CR para culminar con la etapa de negociación del Contrato del proyecto de iniciativa privada denominado “Proyecto Virú Mar”, había concluido; incluso excediéndose los 15 días hábiles adicionales para ser ampliado legalmente; es por ello que la Gerencia General Regional, presentó ante el Concejo Regional una ampliación de plazo mediante Oficio N° 062-2018-GRLL-GOB/GGR, de fecha 01 de febrero del 2018 adjuntando una propuesta de Acuerdo Regional con la finalidad que el máximo Órgano Legislativo Regional lo Autorice;  sin embargo la misma nunca fue debatida en una Sesión de Consejo Regional;  es decir el plazo había vencido de pleno derecho«, es otro de los puntos estipulados en el documento.

Esta situación, según el dictamen, no otorgó legitimidad al Comité de Inversiones, presidido por Jesús Torres Saravia e integrado por Carmen Rosa Milagritos Canchis Coppola, en calidad de Primer Miembro y Guiliana Katherine Tirado García, en calidad de Segundo Miembro; para continuar realizando acciones relacionadas a la compra venta de los ambicionados terrenos. El Comité de inversiones habría cometido los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y de negociación incompatible.

Otro hecho grave detectado es la omisión sospechosa del Comité de Inversiones, que nunca informó al Consejo Regional de La Libertad que el Consorcio Virú Mar había cambiado de integrantes, inicialmente Santa Isabella SAC y ECCCO SAC y posteriormente Valle Alto SAC y Steelmark SAC. El comité encabezado por Jesús Torres Saravia tuvo conocimiento de esta situación el 19 de octubre del 2017 y mantuvo silencio. Este hecho resulta fundamental debido a que colisiona con la Ley Marco de Asociaciones Públicas – Privadas, que establece que «una vez presentada la iniciativa privada no se podrá realizar modificaciones o ampliaciones sustanciales incluyendo la sustitución de la titularidad de la iniciativa privada así como la conformación de consorcios».

Al exgobernador de La Libertad se le acusa de haber celebrado un contrato de compraventa del bien inmueble con la empresa Corporación Valle Alto SAC pese a que esta no tuvo la titularidad del consorcio durante el proceso de adjudicación de la iniciativa privada.

«Con este acto irregular el Ex Gobernador Regional ha hecho insertar en la referida escritura pública un hecho falso que no se ajusta a la verdad, teniendo en cuenta que el Consejo Regional de La Libertad  en el Acuerdo Regional N° 077-2017-GRLL/CR, de fecha 31 de agosto del 2017 nunca autorizó la adjudicación del Proyecto Viru Mar a la Corporación Valle Alto SAC;  conducta del ex funcionario Público, que estaría enmarcada en los supuestos delitos de falsedad ideológica, conforme a lo prescrito en el  Art. 428 del Código Penal y el de Negociación incompatible conforme a lo prescrito en el  Art. 399 del Código Penal», reza un extracto del predictamen.

«El Ex Gobernador al celebrar la Minuta otorgó un título de propiedad de manera ilegítima a favor de la CORPORACIÓN VALLE ALTO SAC; por lo que  se habría cometido un presunto delito de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, conforme a lo dispuesto en el Art.376-B del Código Penal», también se añade en el documento.

«Si se aprueba el dictamen, el Gobierno Regional de La Libertad deberá acudir al Poder Judicial para recuperar esos terrenos», señaló Quiroz Díaz.

El dictamen también recomienda iniciar acciones en contra de Henry Chávarry (exprocurador regional) y Carlos Matos (exgerente de Chavimochic) porque habrían emitido opinión a favor de la venta.

El dictamen de la Comisión Investigadora del Proyecto Virú Mar será aprobado por los integrantes del grupo de trabajo que integran las consejeras Mirtha Higa, Teresita Bravo y le consejero Greco Quiroz. A la fecha habría unanimidad para aprobar el citado informe.

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