“Vamos a pisar todo el acelerador para sacar adelante el proyecto en estos meses que tendremos como gestión. Se viene haciendo un estudio analítico para ver la mejor opción”, dijo el ministro del Midagri, Federico Tenorio, al gobernador regional Manuel Lempén, al abordar las posibilidades para concluir la presa Palo Redondo, de Chavimochic.

Manuel Llempén demandó ver todos los escenarios posibles, con costo beneficio, adoptando lo que permita destrabar la culminación en el menor tiempo posible, considerando que ya pasaron más de cuatro años y que la solución la tiene el Gobierno Nacional; igualmente, establecer un cronograma con actividades, una línea de tiempo y responsables de su cumplimiento.

“Si nos dejamos llevar al 100% por la parte jurídica, esto se va alargar mucho más. Se necesita una solución técnica, política y de interés social”, manifestó.

A la fecha se ha convocado a tres procesos de contratación para el seguro de la presa y ninguna empresa se presentó, esperándose que la Contraloría proponga una salida al problema, que podría ser la contratación directa.

Hay S/ 220 millones invertidos y parece que Odebrecht quiere terminar la presa y dejar la concesión, pero sin que cobren gastos adicionales. Se podría retomar ese diálogo, y que el arbitraje continúe por cuerdas separadas. Esa alternativa, que tenía el V.B. de los asesores del MEF y la Contraloría era más factible que el rompimiento unilateral del contrato, que resultaría más costoso. Lamentablemente eso se cayó cuando el presidente Vizcarra cerró las puertas a toda negociación porque Odebrecht demandó al Estado por US$ 1,200 millones.

En un escenario post pandemia y de crisis económica en el país no se puede permitir que s más de 300 millones de m3 de agua vayan al mar sin ser aprovechados para el agro, que se siga perdiendo ingresos al fisco por 1,200 millones de dólares anuales por agroexportaciones, monto que, sumando otros conceptos, se eleva a 3 mil millones de dólares.

La reunión duró poco más de dos horas y se realizó el domingo en la Casa de Gobierno. El gerente de Chavimochic. Edilberto Ñique, expuso cómo está la presa, las alternativas para reiniciar los trabajos y terminarlos, y los temas pendientes de atender por el Midagri.

Hay aún la alternativa que Odebrectch termine la presa y se retire de la concesión –presentando una carta como la que enviaron dando a conocer que paraban los trabajo-, podrían indicar que los van a reiniciar ya que el contrato está vigente, ya que no se ha roto.

Otra posibilidad es que se haga como obra pública, o que una tercera empresa la termine, lo que podría hacer un grupo empresarial canadiense que se había mostrado interesado en comprar las acciones a Odebretch en la concesión del proyecto.

En tanto, el Midagri pedirá a un equipo especializado elabore un informe muy detallado del estado en que se encuentra Palo Redondo. Personal de ANA hizo una visita y no encontraron afectaciones de riesgo, pero se necesita un peritaje internacional.  

José Muro, viceministro de del Minagri indicó por su parte que se activó un equipo de trabajo con ese objetivo, precisando que se ha conversado muy poco con la concesionaria y que se buscarán mecanismos adecuados, en el marco de la normatividad vigente.

La presa Palo Redondo tiene proyectada una altura de 97 m. y en el proceso constructivo, que tiene poco más del 70%, se llegó a ese nivel en varias partes. Con su puesta en funcionamiento se utilizarán unas 30 mil has de tierras que por ahora no son aprovechadas para el cultivo por falta de agua para su riego, generando más de 100 mil puestos de trabajo. También se está dejando de lado una inversión privada de aproximadamente mil millones de dólares para preparar las nuevas tierras.

En la reunión se dio a conocer que el proceso arbitral interpuesto por Odebrecht podría ser resuelto a finales de mayo de este año. Actualmente están en la etapa de presentación de informes finales, hasta el 26 de marzo, plazo dado por el árbitro. La resolución de cierre plazo debe tomar 45 días, que podrían ser ampliados, para luego emitirse el laudo o sentencia.

Esta debe precisar la posibilidad de la caducidad del contrato o montos a pagar por el Estado o concesionario ante la existencia de un perjuicio. Si el contrato se da por caducado, de inmediato se podría reiniciar la obra.

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